Antes de compartir una noticia o mensaje, es importante verificar que provenga de fuentes oficiales o confiables, confirmar la información en más de un medio, revisar la fecha y el contexto, y evitar difundir cadenas de texto, audios o mensajes de origen desconocido.
Hoy en día vivimos rodeados de información. A través de internet, plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación tenemos acceso a noticias y opiniones de todo tipo. Esta variedad de fuentes amplía nuestras posibilidades de informarnos, compartir ideas y participar en la vida pública. Sin embargo, este mismo entorno también facilita la desinformación, entendida como la difusión de información falsa o imprecisa, muchas veces con la intención de engañar o manipular.
La desinformación surge cuando los hechos se distorsionan o se presentan de manera imprecisa. Puede manifestarse a través de noticias falsas, mensajes engañosos, discursos de odio o incluso información errónea que no siempre se difunde con mala intención. En los últimos años, este fenómeno se ha hecho más visible a través de las llamadas fake news, contenidos diseñados para confundir o influir en la opinión pública. Gracias a las redes digitales, este tipo de información se difunde con gran rapidez y alcanza audiencias cada vez más amplias.
El derecho a estar informados está reconocido en más de 120 países. Este derecho incluye la libertad de buscar, recibir y compartir información, siempre y cuando no se afecten los derechos de otras personas. Las tecnologías de la información han ampliado estas libertades, pero también han provocado que circulen de manera constante millones de mensajes, noticias y opiniones, producidas no sólo por medios de comunicación e instituciones, sino también por personas usuarias que hoy actúan como generadoras de contenidos.
Ante este panorama, vale la pena preguntarnos: ¿qué papel juega la desinformación en nuestra vida diaria y cómo afecta nuestro derecho a la información? Por un lado, las nuevas tecnologías han abierto espacios donde se mezclan lo público y lo privado, como ocurre en las redes sociales. Por otro, aunque la desinformación ha existido siempre, hoy resulta mucho más fácil crear y difundir contenidos digitales que falsificar información impresa, lo que ha permitido que la mentira circule con mayor rapidez e impacto social.
Un ejemplo claro se vivió durante la pandemia por COVID-19. En medio de la incertidumbre, muchas personas fueron engañadas con información falsa sobre las vacunas, supuestos remedios caseros o teorías que relacionaban la enfermedad con la tecnología 5G. A este exceso de información falsa se le conoce como infodemia, un fenómeno que dificulta distinguir entre información confiable y contenidos engañosos. Este problema no se limita a temas de salud, ya que también se presenta en el ámbito político y social, donde la desinformación se utiliza para confundir, polarizar y manipular a la opinión pública. Para enfrentar estas prácticas es necesario recurrir a datos confiables, hechos comprobables y evidencia científica.
El derecho a la información obliga a los Estados a garantizar el acceso a la información pública y permite a las personas formarse una opinión informada. Sin embargo, la desinformación debilita este derecho al distorsionar la realidad. Cuando las personas creen y comparten información falsa, corren el riesgo de tomar decisiones importantes basadas en mentiras, con consecuencias en su salud, participación política y vida cotidiana.
Combatir la desinformación implica informarse mejor, pensar de manera crítica y exigir transparencia y veracidad en los contenidos que consumimos y compartimos. Apostar por una sociedad bien informada es apostar por una participación ciudadana más consciente y responsable. ¿Tienes dudas sobre alguna información? Verifícala y solicita las fuentes que la respalden. Cuidado con las mentiras.
