Celebrar la Constitución exige algo más
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Aguascalientes, 27 de marzo de 2026
Mañana se conmemora un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pacto social que dio forma al Estado mexicano, reconoció derechos, delimitó poderes y sentó las bases de la vida democrática del país. Más allá de los actos conmemorativos, la fecha ofrece una oportunidad pertinente para reflexionar sobre el respeto efectivo que hoy se le otorga a la Carta Magna.
Desde su promulgación en 1917 y hasta el 1 de febrero de 2024, la Constitución había sido reformada 256 veces. A esta cifra deben sumarse las modificaciones impulsadas y aprobadas durante la etapa de la presidenta, lo que evidencia que el ritmo reformista no solo se mantiene, sino que continúa en ascenso. Este dato, por sí mismo, da cuenta de una práctica política que ha convertido a la Constitución en un texto sujeto a revisión constante.
Es cierto que no toda reforma es negativa. A lo largo de más de un siglo, el texto constitucional ha incorporado derechos, ajustado instituciones y respondido a transformaciones sociales y políticas. Sin embargo, el problema central ya no reside en la cantidad de reformas, sino en la brecha creciente entre lo que la Constitución establece y lo que ocurre en la práctica.
El verdadero desafío no es seguir modificando la ley suprema, sino hacerla valer. De poco sirve ampliar derechos en el papel cuando persisten condiciones de impunidad, discrecionalidad y opacidad que impiden su ejercicio efectivo. La Constitución reconoce, entre otros, el derecho de acceso a la información, la protección de los datos personales, la legalidad, la rendición de cuentas y el debido proceso. No obstante, todavía existen actores públicos que incumplen estas obligaciones sin enfrentar consecuencias.
La impunidad se manifiesta en múltiples frentes: servidores públicos que desatienden resoluciones, instituciones que incumplen mandatos legales, decisiones adoptadas al margen del marco normativo y reformas que, bajo argumentos de eficiencia o austeridad, terminan debilitando los contrapesos institucionales. Estas prácticas erosionan el espíritu constitucional y afectan la confianza ciudadana en las instituciones.
La Constitución no se defiende únicamente en discursos solemnes ni en fechas emblemáticas. Su vigencia se juega en la operación cotidiana de la administración pública. Hacerla cumplir implica asumir que nadie está por encima de la ley, que los derechos no son concesiones del poder y que la transparencia y la rendición de cuentas constituyen pilares indispensables de un Estado democrático.
Desde la experiencia en la defensa de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, resulta claro que la Constitución solo cobra sentido cuando existen instituciones fuertes, autónomas y comprometidas con su mandato. Debilitar estos pilares no fortalece al Estado; por el contrario, lo fragiliza.
Conmemorar la Constitución debería ser, ante todo, un ejercicio de reflexión crítica. No basta con celebrar su existencia ni con acumular reformas. El verdadero homenaje consiste en exigir su cumplimiento, cerrar espacios a la impunidad y garantizar que los derechos que consagra se traduzcan en realidades tangibles para la ciudadanía. Porque una Constitución que no se cumple no se transforma: pierde sentido.
