Ese Plan acariciado y echado andar durante la administración pública estatal pasada, que radicaba en mantener el control de la Fiscalía General del Estado desde las oficinas de Paseo de la Presa en Guanajuato capital, quedó firme con una reforma a la Constitución Política estatal, lo que están asegurando los panistas que ostentan el poder es el garante de sus designios.

El discurso que le dio sentido a la apertura de sesiones en el Congreso Local el viernes pasado, curioso, fue del coordinador de la bancada de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, quien durante la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía sostuvo: “es una norma secundaria” para convalidar al “fiscal carnal” sin que se reforme la Constitución para evitar el pase automático.

El moreno, amén de ofrecer la respuesta deseada por el grupo legislativo panista, también lo hizo con las representaciones partidarias e inconformes con la designación del Procurador de Justicia como titular de la Fiscalía. La manifestación del 15 de febrero, básicamente de Morena y los Verdes, cumplió; pero la constitucional se hizo durante la LXIII Legislatura.

Una segunda parte del Plan, ajustado por dos gobernadores del PAN después de los comicios de julio del 2018, Miguel Márquez y el elegido Diego Sinhué Rodríguez, consistió en dejar intocada la Constitución del estado que le permitiría al gobierno de continuidad, una posibilidad de nombrar Fiscal General de Guanajuato al Procurador Carlos Zamarripa Aguirre.

El método utilizado por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, desde la concepción del Plan para controlar la instancia que se presumía sería autónoma, esencial, en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, fue aplicarse como la Federación -siguiendo la técnica del espejo–: moverse sólo lo necesario.

Un asunto especial que quedó fuera del control del panismo fue el Sistema Nacional contra la Corrupción con las réplicas en la provincia, pues le agregó mayor importancia al modelo de las Fiscalías. Exige que el Fiscal General no sea parte de la impunidad creada con la Procuraduría General de Justicia. Carlos Zamarripa Aguirre es el principal responsable de la falta de justicia en el territorio guanajuatense; impunidad es corrupción.

La conjugación de esos factores y todavía con la piedra en el zapato, el Gobernador Sinhué estará concluyendo el Plan por el control de la Fiscalía, posterior a otros estados y el Senado de República que “eligió” a Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República, en el Periodo Ordinario de Sesiones que inició ayer y que tiene como fecha límite el próximo 30 de junio.

Lo que resta resolver del Plan del PAN iniciado por Márquez Márquez que está concluyendo con éxito Rodríguez Vallejo, son algunos trámites burocráticos incluido la promulgación de la Ley Orgánica de la Fiscalía. La coronación de Carlos Zamarripa será sencilla, porque lo llamarán al Congreso del Estado para tomarle la protesta pues su designación con base a la norma, vino cuando el Gobernador lo nombró Procurador de Justicia.

Así como el grupo mayoritario del PAN en el Congreso, hace varias semanas, adelantó que no harían ninguna reforma a la Constitución porque se decidieron por pase automático y con Carlos Zamarripa Aguirre en la Fiscalía General, ahora, fue el gobernador Diego Sinhué Rodríguez quien no esperó que el trabajo legislativo acabara para poner el cerrojo al proceso de designación del Fiscal levantándole el brazo a Zamarripa, al sostener que mete “las manos al fuego” por su procurador.

Debido al control que tiene el panismo que tiene el poder del estado junto con algunos sectores de la sociedad, el Plan por el control de la Fiscalía General de Guanajuato está cerca de convertirse en un éxito para el gobierno de Diego Sinhué, pero que también podría llevarle menos popularidad.

Al calce. Las últimas referencias o agregado cultural para los que anexan información sobre las vidas de los políticos, para recrear el prestigio hace varios meses se desveló fuertemente y sin ningún respeto que Carlos Zamarripa es reconocido en los organismos del gobierno de los Estados Unidos que están encargados de la seguridad y justicia, incluso tiene diplomas.

No faltaron los de la vocería que aprovecharon ese referente para generar la “sospecha” de que el Procurador de Justicia del estado de Guanajuato podría estar apoyando los planes del gobierno norteamericano y por lo tanto tienen la especie de aval gringo para recibir ayuda o compartir la información valiosa. El cuento lo volvió a recrear Diego Sinhué antes de quemar sus naves por el encargado de la procuración de justicia.

Sencillo. Si Zamarripa es un aliado del gobierno de Donald Trump… procurador mexicano consentido entonces, ¿Por qué tiene el territorio guanajuatenses en el top ten nacional de las comisiones de delitos en algunos rubros? Y aunque usted no lo crea, existen los panistas que consideran a Carlos Zamarripa un agente de las instancias más reconocidas de los gringos.

La Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado que “justifica” la imposición de Carlos Zamarripa Aguirre fue votado por casi todos los diputados. Los grupos del PAN, PRI, PRD, PVEM, MC, PT y Movimiento Ciudadano, salvo Morena, votaron a favor de la ley secundaria para la creación y funcionamiento de la nueva instancia. Los panistas, no necesitaron encarar a sus opositores pues hubo quienes se encargaron de esa tarea.

Los gobiernos estatal y municipales debieran de seguir lo que señala el librito en la materia de seguridad pública, para que el apoyo de la Federación potencialice los esfuerzos de las componentes policiacos que están operando en el territorio guanajuatense. La Fuerza Federal debe ser el complemento.

Si el alto mando de la policía de las 46 plazas de la entidad, liderados por el secretario Alvar Cabeza de Vaca no cae en la cuenta de sus funciones elementales y no se preocupa por la profesionalización y actuación del personal, nadie vendrá a proveer la seguridad pública que requieren los pobladores.

Los presidentes municipales, debido a los graves problemas que les acarrea la inseguridad y la violencia, sin descartar la propaganda adversa que les está generando, están exigiendo a los gobiernos federal y estatal los apoyos para responderle a sus representados. Es la tónica por el alza de la violencia.

La respuesta inmediata de parte de las autoridades del estado libre, es que el Gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, deje a un lado la expectativa a fin de erigirse en líder capaz de encarar las circunstancias de violencia que le han tocado, sea el mando real del secretario de Seguridad y el procurador para incorporar en un plan sistematizado a todos los municipios.

Lo que está sucediendo con los apoyos, que la ley mandata al gobierno federal enviar a las entidades, es el “ejemplo claro” de que los recursos para el estado y sus municipios pasarán por una serie de obstáculos para aterrizar. El reparto de recursos para el Fortaseg es la cimiente de un concepto de seguridad.

El Fortalecimiento del Desempeño en Seguridad Pública, se informó primeramente, tocaría a cinco municipios en la entidad: Celaya, Irapuato, León, Pénjamo y Salvatierra, lo que causó molestia de los alcaldes excluidos pero, sobre todo, la preocupación de 16 de 21 que en 2018 estaban en Fortaseg. La expulsión representaba el recorte de 100 millones de pesos al estado gobernado por el partido conservador PAN.

La sorpresa sobre el tema arribó este fin de semana, porque la lista de municipios en el sistema de subsidio federal totalizó 15, incorporaron 10 más a los primeros 5, pero les bajaron las cantidades; o sea, le tocará menos al club de los 15. A pesar de la modificación quedaron fuera 6 plazas del año pasado y, no sólo eso, el gobierno Manuel López Obrador les recorta la cantidad.

Quizá lo que no logran concebir los hombres de confianza de Diego Sinhué es que deberán de aprovechar, de la mejor manera, los recursos de diversa naturaleza que tienen a su disposición sin esperar la bíblica “caída del maná del cielo”. Lo que tiene Alfonso Durazo Montaño, vía la ayuda con personal para las cuatro regiones (diecinueve municipios), no serán suficientes

La estrategia que desplegarán las Fuerzas Armadas y Policía Federal en una semana, refuerzo a las primeras regiones con mayores índices de inseguridad de acuerdo al diagnóstico de la Defensa Nacional, traerá al estado más de 2 mil elementos a establecerse, que junto con otras instancias del gobierno de AMLO, atenderán la inseguridad en el perímetro designado.

Cabe mencionar que ese librito mencionado se conforma con planes y programas en la materia, debidamente estructurados para que se haga la supervisión de las operaciones, incluido el uso de los recursos públicos. Son actividades que incluyen la tarea de gabinete para hacer los ajustes y trabajos de campo.

El Diario Oficial de la Federación, en su última edición, dice que la fórmula utilizada para definir montos y beneficiarios trae algunas novedades este año. Los criterios son los siguientes: población; capacidad policial; fortalecimiento de capacidades institucionales; tamaño de problema y… criterio de transición.

Lo que representa un verdadero “galimatías” debido a ello el gobierno del estado y los 46 municipios, debieran poner más atención a sus capacidades que los anuncios foráneos que no deben de soslayarse. Pero lo verdaderamente “estratégico” es aprovechar en grado máximo lo que se tiene y, por eso, Diego Sinhué debe convocar al Congreso Local para redistribuir los recursos estatales.

Al cuña. La experiencia dicta que Escudo chafeó y que si los hombres de confianza del gobernador, Alvar y Carlos, siguen la misma línea del sexenio pasado, su “Vigilante” que quedó del plan pasado, las fibras ópticas rescatadas sólo servirán para colgarse a la autopista de la gran comunicación.

El 4 de marzo, en 16 días más, el Partido Revolucionario Institucional cumplirá 90 años como institución política fundada tras la revolución y lo hará por vez primera en su condición de aguda pobreza de poder político nacional tras la gran derrota electoral de 2018.

La victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador y el abandono del poder que hiciera Enrique Peña Nieto tras el fatídico julio del año pasado para los tricolores, ha dejado al partido catatónico, incapaz de articular una respuesta opositora a quienes vienen a imponer un nuevo régimen, por muy jolopista que parezca.

Llegarán a su aniversario bajo la presidencia de Claudia Ruiz Massieu sin los recursos del poder, pero también sin una idea concreta de cómo encarar el movimiento de AMLO, que usando los mismos mecanismos del cardenismo para conformar grupos sociales que sean arietes contra el pasado, ha impuesto la connotación de corrupción absoluta del priismo desde el discurso.

Los primeros gritos contra las élites del sexenio peñista dentro del priismo, que repartieron candidaturas y posiciones en el poder a cuates, anteponiendo intereses económicos, de clase y familia, han sido ahogados por el inmovilismo desde el CEN, la pausa de los gobernadores –más preocupados por quedar bien con AMLO- y la mansedumbre entre sus estructuras anquilosadas en la mayoría de los estados.

Sin embargo, entre los claroscuros, no puede soslayarse que como usualmente suele suceder en el campo político-social, la periferia puede transformar al centro. Por eso podría resultar refrescante para el priismo el rescate que hace Nuevo León de la mejor ficha priista, al momento, el ex secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, el responsable de la buena negociación de nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, como su muy probable candidato a la Gubernatura.

Dar la oportunidad a quienes son sus mejores hombres y mujeres para buscar las candidaturas, dirigir al partido y encontrar cómo reinsertarse como opción válida en la sociedad, defendiendo además lo bueno de las reformas estructurales, puede ser el camino del priismo nacional.

En lugar de sólo darle voz y protagonismo a los mismos de siempre, a los que demolieron en seis años la reconquista del poder tras el doceno panista. En esta circunstancia podría decirse que si podría valer eso de que el rico tiene más cuando empobrece que el pobre cuando enriquece.

En Guanajuato la cosa es diferente. Aquí los priistas son pobres, muy pobres, y la derrota los deja en un lugar más cercano a la miseria política. Su ADN mutó en las últimas tres décadas, en relación a sus compañeros del resto del país. Han sido incapaces de recuperar el poder y cuando parece que llegaron al sótano, encuentran como excavar más profundo.

Gerardo Sánchez García, persiste en erigirse en el factótum, a pesar de cargar y ser responsable de las decisiones que llevaron al PRI al tercer lugar en la elección a gobernador del año pasado, amén de que los triunfos que reclama como suyos en realidad fueron de los priistas locales, que con su trabajo, salieron a flote en el desastre de su campaña estatal.

No ha sido capaz ni siquiera de mantener la lealtad de los suyos, que también se sienten asfixiados ante el control que pretende mantener del CDE, mientras que la delegada del CEN, Marcela Velázquez Sánchez, no es ni siquiera la voz de la presidenta del partido, Claudia Ruiz.

Se han hecho ya algunas renovaciones de dirigencias estatales tricolores, pero no han discutido qué quedo del PRI y en qué se convertirá. En Guanajuato, la situación no avanza y es factible que la emergencia de una nueva titularidad en el Comité Directivo Estatal camine por el mismo sendero, el usual en estos años. Quienes tienen el poder, quienes mantenerse en él a toda costa, los opositores, esperan el dedazo nacional, donde han colocado sus piezas. El PRI de siempre.

Si no hay un verdadero proceso democrático, con diálogo, apertura e inclusión -la única fórmula para trascender- el priismo local se mantendrá en su actual situación, en esas arenas movedizas donde a cualquier sacudida se hunde más. Necesitan de figuras nuevas, que no traigan ese tufo de derrotismo y de traición a sus bases.

Frente a los excesos de la Administración Municipal pasada en el municipio de Cortazar, el Ayuntamiento electo para el trienio 2018- 2021, está recuperando los recursos posibles a fin de reencauzarlos a los programas sociales. En su sesión pasada aprobó por unanimidad la venta de la camioneta que usó el ex alcalde del trienio pasado, Hugo Estefanía Monroy.

La pretensión del Ayuntamiento que preside el panista Ariel Corona es desafectar el bien municipal para poderlo vender y los recursos que se obtengan, servirán para el pago de una ambulancia que requiere con “urgencia” la Cruz Roja de la ciudad, el resto será para las becas de jóvenes necesitados.

El vehículo que el cuerpo edilicio de Cortazar refiere, y ahí esta detalle, es una camioneta Chevrolet –Tahoe-, 2017, de color platino, interiores en piel color negro, que sirvió al perredista Hugo Estefanía, para darse un pequeño lujo como la autoridad del municipio. El costo un millón 229 mil pesos.

Antes, los síndicos y regidores eliminaron la telefonía celular que pagaba el municipio, y determinaron hacer otros gastos más austeros con el fin de poner al gobierno municipal a la altura de las actuales circunstancias: “ser austeros”. Los cosificados émulos de la Federación, lo toman como vienen, hasta recrearle hilaridad.

De paso desnudaron al llamado gobierno de lujo que tenía el perredista Estefanía Monroy, que deberá de encarar una serie de irregularidades encontradas en la entrega-recepción de la administración municipal; por los pronto la camioneta Tahoe ya bailó; quién la deseé podrá pujar para adquirirla al 65 por ciento de su costo, alrededor de 790 mil pesos en Cortazar.

El próximo 19 de febrero se conmemorarán 106 años de la creación del Ejército Constitucionalista, tras el golpe de Estado de Victoriano Huerta que llevó al asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Desde entonces el Ejército logró consolidarse en una institución al servicio del pueblo.

En esta administración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador le ha asignado múltiples “tareas” y ha ratificado, de una manera constante, que es la institución más respetada y admirada por el pueblo. En esta misma tónica, habrá que ver que más dirá o asignará el Ejecutivo a las tropas de tierra y aire, este próximo miércoles; Día también del Soldado.