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Con el voto mayoritario de Morena y sus aliados, y en medio de acusaciones opositoras de “simulación”, el Senado designó este miércoles a Ernestina Godoy Ramos como nueva fiscal General de la República para un periodo de nueve años. La exconsejera jurídica de la Presidencia prometió ante el pleno que no fabricará culpables ni utilizará la FGR para perseguir adversarios políticos, ofreció una Fiscalía de puertas abiertas con prioridad en víctimas, reparación del daño e investigación científica. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron que el proceso estuvo “cargado desde el principio”, reclamaron independencia frente a presuntas redes de “huachicol fiscal” y presiones de un “narco senador”, y advirtieron que solo acompañarán a la nueva fiscal si rompe con el uso faccioso de la justicia.
Claudia Sheinbaum se reunió ayer, muy en privado en Palacio Nacional, con un grupo de las y los principales empresarios del país —entre ellos Carlos Slim Helú y Carlos Slim Domit (Grupo Carso y AMX), Francisco Cervantes Díaz (CCE), Alejandro Baillères Gual (Grupo Bal), José Antonio Fernández Garza (Femsa y Coca-Cola Femsa), Carlos Hank González (Grupo Financiero Banorte), Bernardo Gómez (Televisa), Álvaro Fernández Garza (Grupo Alfa), Juan Pablo del Valle Perochena (Mexichem), José Antonio Chedraui Eguía, Laura Díez Barroso (Grupo Financiero Santander), Guadalupe de la Vega, Altagracia Gómez Sierra y Giselle Morán— y anunció la creación de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México, con el que acordó reunirse periódicamente para alinear proyectos privados al portafolio de al menos 277 mil millones de dólares en infraestructura y desarrollo productivo previsto en dicho plan, en una ruta que da continuidad a los encuentros que desde 2024 sostiene con el Consejo Mexicano de Negocios y que recuerda al Consejo Asesor Empresarial establecido por Andrés Manuel López Obrador al inicio de su sexenio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que podría dejar expirar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y buscar un nuevo acuerdo comercial con sus dos socios, al señalar en una rueda de prensa en el Despacho Oval que el pacto vence en aproximadamente un año y que México y Canadá se han aprovechado de la situación por errores del anterior gobierno de Joe Biden. El mandatario estadounidense lanza este mensaje a la espera de la visita a Washington este viernes de Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense, Mark Carney.
Claro que genera tensión, aunque no se ha confirmado un encuentro con la mandataria mexicana. El T-MEC, negociado en su primer mandato y vigente desde 2020, debe ser revisado en 2026, cuando los tres países decidirán si lo extienden por 16 años más, hasta 2042, o si lo revisan anualmente hasta 2036, cuando finalizaría; en este contexto, Trump defendió los aranceles impuestos a México y Canadá, en particular a autos y autopartes, al asegurar que han motivado el retorno de inversiones a territorio estadounidense, mientras centros de estudio y analistas han advertido que una eventual expiración o renegociación del tratado podría afectar la estabilidad comercial de la región y reconfigurar las cadenas de suministro norteamericanas.
La Presidenta también expidió un nuevo Reglamento de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos, publicado este 3 de diciembre en el DOF, con el que abroga el Reglamento de la Ley de Pemex de 2014 y redefine el gobierno corporativo y el control de la petrolera: detalla el perfil, nombramiento, remoción y conflictos de interés de las personas consejeras e independientes del Consejo de Administración; fortalece la vigilancia y las auditorías internas y externas; coloca a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como eje del régimen de responsabilidades y de la Unidad de Responsabilidades en Pemex, y fija reglas específicas para contrataciones, fideicomisos, gasto y programas de austeridad, así como para la evaluación anual de la empresa a cargo de una Persona Comisaria.
Un poco de contexto. En junio de este año, en una audiencia conjunta de la Cámara de Representantes titulada “From Cartels to Coastlines”, republicanos y demócratas chocaron sobre el rumbo de la seguridad marítima de Estados Unidos: mientras los primeros atribuyeron a Donald Trump la caída de cruces ilegales por tierra y advirtieron que los cárteles están desplazando sus rutas al mar, la oposición acusó a la Casa Blanca de desviar aviones y embarcaciones de la Guardia Costera, CBP y HSI de su misión de interdicción de drogas, rescates y vigilancia estratégica para usarlos como brazo deportador masivo.
Los mandos operativos de la Guardia Costera, Aduanas y Migración describieron un escenario de crecientes decomisos de cocaína, rutas más sofisticadas y recursos al límite, con flotas envejecidas y falta de personal, mientras la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) advirtió que, sin una mejor coordinación interagencias y sin inversión sostenida en equipos y personal, el mar podría convertirse en el eslabón más débil de la frontera estadounidense.
Los legisladores estadounidenses señalaron que organizaciones con base en Sinaloa, Jalisco y el Golfo están sacando ventaja de litorales extensos, puertos saturados y capacidades limitadas de vigilancia para mover cocaína, fentanilo y precursores químicos en lanchas rápidas, barcos pesqueros y embarcaciones semisumergibles. El énfasis en la “frontera marítima” implica una presión renovada sobre la Marina mexicana y las agencias civiles para aumentar patrullajes, compartir inteligencia y aceptar más ejercicios conjuntos y tecnología de rastreo estadounidense, en un contexto en el que la cooperación antidrogas vive tensiones políticas, recortes presupuestales y desconfianza mutua por casos de corrupción y filtraciones de información sensible. Y también está Venezuela de ejemplo.
