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El actual titular del Metro de la Ciudad de México, Adrián Ruvalcaba, comenzó a promoverse ya como el personaje “mejor posicionado” para retener la capital del país para el Movimiento Regeneración Nacional. En las encuestas que circulan en la ciudad, el expriista es colocado junto a Omar García Harfuch, titular de Seguridad federal, y Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, como los de puntaje más alto entre la ciudadanía para contender por la Jefatura de Gobierno en el 2030. El problema, dicen al interior de la 4T, es que esa candidatura está más que definida ya desde el sureste del país.
El 16 de septiembre de 2025, en Washington, un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos encendió una alarma que a México le debería importar por dos razones: la frontera y los grandes eventos de 2026. En una audiencia encabezada por el republicano Andy Biggs y con Jim Jordan al frente del comité, legisladores de ambos partidos aceptaron que los drones ya no son un “juguete” sino una herramienta cotidiana del crimen. Los usan para meter droga, armas y celulares a cárceles, para mover cargamentos en la línea con México y para meterse en zonas restringidas cerca de aeropuertos.
El momento más crudo lo puso el texano Troy Nehls cuando dijo que es “estúpido” que muchas autoridades puedan ver un dron en el aire pero no hacer nada para bajarlo, y que el país va a reaccionar tarde, hasta que ocurra una tragedia. Del lado demócrata, Jamie Raskin y Lucy McBath coincidieron en el tamaño del problema, pero advirtieron que la solución no puede abrir la puerta a abusos y vigilancia sin controles.
Los testigos —un policía de Florida, un experto universitario y una ejecutiva que trabaja con sistemas antidrones— repitieron la misma idea: hoy la policía local suele estar amarrada por la ley, puede buscar al operador a pie, pero no tiene facultades claras para intervenir en tiempo real. Y en el fondo apareció otra preocupación política, la dependencia de drones chinos, con DJI como el nombre que se repite cuando hablan de seguridad y espionaje. El cierre fue una advertencia con calendario: si el Congreso no cambia las reglas pronto, Estados Unidos llegará al FIFA World Cup 2026 con un hueco en su seguridad aérea de baja altura; y ese hueco, por definición, también roza a México. Y esta semana sucedió lo de El Paso, Texas.
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, emitió una proclamación para aumentar de forma temporal el cupo de importación “en cuota” de recortes magros de res en 80 mil toneladas métricas durante 2026 y asignó la ampliación íntegramente a Argentina, al argumentar que la sequía, los incendios y la contracción del hato en Estados Unidos han presionado los precios de la carne molida. En el mismo texto, la Casa Blanca señala que la oferta de ganado para corrales de engorda se ha visto limitada porque el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y U.S. Customs and Border Protection restringieron la importación de mercancías pecuarias vivas provenientes de o en tránsito por México tras nuevas detecciones del gusano barrenador del Nuevo Mundo en mayo de 2025, un punto que para México importa por su impacto potencial en el flujo exportador de becerros y en la presión sanitaria y regulatoria en la frontera.
Por si fuera poco, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, a través de la International Trade Administration, inició una investigación antidumping contra las importaciones de fresas frescas de invierno provenientes de México, tras una petición presentada el 31 de diciembre de 2025 por el grupo Strawberry Growers for Fair Trade, y estimó de arranque un margen de dumping de 18.32 por ciento. El procedimiento —aplicable desde el 9 de febrero de 2026— abre un frente de riesgo comercial para productores y exportadores mexicanos en plena temporada, porque el alcance incluye todas las fresas frescas y refrigeradas “de invierno” cosechadas o ingresadas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, sin importar método de producción, empaque o si son orgánicas.
En la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora le dan seguimiento a un presunto esquema de desvío de recursos públicos que detectaron en la Secretaría de Educación y Cultura desde el gobierno de Claudia Pavlovich, con el que se habrían depositado en cuentas fuera de presupuesto 290 millones de pesos de ISR ilegal sobre la nómina de los maestros. Respecto al tema ya hay acciones penales contra funcionarios, pero sólo de la administración pasada; esto a pesar de que se ha detectado que el desvío se continuó en el gobierno de Alfonso Durazo. De los funcionarios anteriores, uno está ya en la cárcel y otro con amparo; mientras que los actuales, Omar del Valle, exsecretario local de Hacienda, y Froylan Gámez, actual titular de la SEC, hacen campaña adelantada por la candidatura de Hermosillo a pesar de estar denunciados.
México reafirmó su compromiso con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y con la aplicación de estándares internacionales para prevenir y combatir delitos financieros, al participar en la Quinta Reunión Plenaria del organismo realizada en la Ciudad de México. El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, sostuvo que el país mantiene una participación “activa y constante” en la implementación de recomendaciones y en los procesos de evaluación mutua, y respaldó el énfasis de la presidencia mexicana —encabezada por Elisa de Anda Madrazo— para ampliar la inclusión de jurisdicciones y actores relevantes.
