El Movimiento Regeneración Nacional en la Ciudad de México pretende pelear por la capital en 2027, aún en las alcaldías que no gobierna. De ahí que para la Cuauhtémoc perfila al diputado Arturo Ávila como su abanderado, esto luego de que el legislador supuestamente consiguiera el apoyo de su antecesor morenista en esa plaza Ricardo Monreal. Para Benito Juárez estaría compitiendo con Daniela Cordero, esposa del director del ISSSTE y exjefe de Gobierno sustituto Martí Batres. En el caso de Coyoacán, volvería a intentar hacerse de esa demarcación con Hannah de Lamadrid.

La investigación abierta contra Marcelo Ebrard por el hospedaje de uno de sus hijos en la residencia de la embajadora de México en Reino Unido, durante la pandemia, coloca a Claudia Sheinbaum frente a un expediente incómodo: el de su principal negociador económico ante la revisión del T-MEC y, al mismo tiempo, un viejo rival interno de Morena. “Hay que ver es si hay alguna falta legal, jurídica, y en todo caso, normar, si no existen esas normas, normar las características de las embajadas”, agregó la mandataria cuando se le preguntó si ella coincidía con Ebrard en que no hubo abuso de su parte.

Una resolución del Departamento de Comercio de Estados Unidos deja bajo la lupa a Hyundai de México S.A. de C.V. y a un grupo de fabricantes mexicanos de remolques y chasises —BRD Trailers, Carrocerías Gallegos, Commercializadora Nimmka, que opera como Atro Remolques y Carrocería; Carrocerías Corpus Christi, Fruehauf de México, Lodi Trailers, Norstar Trailers México, que opera como Iron Bull Trailers; Semiremolques El Paisano y Ventura Trailers— por presuntos subsidios compensables en exportaciones de chasises y subensambles hacia el mercado estadounidense. 

El punto técnico es relevante: Washington no se limita a revisar unidades terminadas, sino también bastidores, secciones de bastidor, sistemas de ejes, suspensión, frenos, ruedas, luces, tren de rodaje, mecanismos de enganche y componentes capaces de integrar un chasis, aun si entran desarmados o sin terminar. A todas esas empresas les asignó una tasa de 76.91 por ciento, calculada con “hechos disponibles” e “inferencias adversas”, una figura que la autoridad usa cuando considera que las compañías no entregaron información suficiente o no cooperaron plenamente. 

En una planta que no es menor para el mapa laboral del T-MEC, la Fesijem (Federación de Sindicatos “Jesús Moreno Jiménez”), encabezada por Jesús Isidro Moreno Mercado, retuvo la titularidad del contrato colectivo de trabajo en Mondelez Planta Puebla, luego de una votación de más de 14 horas en la que, de acuerdo con los resultados difundidos por la propia organización, derrotó por más de 70 por ciento de los votos emitidos a la Unión General de México, vinculada a René Sánchez Juárez e Hiram Juárez Pavón, con representación legal de Pablo Franco. 

El dato importa porque Mondelez no es cualquier empresa: la dueña de marcas globales como Oreo, Cadbury, Ritz y Trident reportó ingresos netos por aproximadamente 38 mil 500 millones de dólares en 2025 y vende sus productos en más de 150 países. La diligencia fue conducida por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con apoyo del tribunal federal en Puebla y presencia de autoridades laborales; además, ocurre después de que Estados Unidos activó en diciembre el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC para revisar presuntas denegaciones de derechos en la instalación de Mondelez México en Puebla, a partir de una petición de la UGM. El resultado deja a la UGM con apenas 23 por ciento del padrón, según los datos difundidos, y confirma que, al menos en las urnas, la base trabajadora cerró filas con Fesijem y dejó sin sustento político el intento de arrebatarle el contrato colectivo.

Este inicio de semana, el director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Ignacio Salgado García, presentó su renuncia presuntamente por motivos personales, esto luego de varios intentos por moverlo del encargo en la administración de Delfina Gómez al menos en tres ocasiones por diversas acusaciones de irregularidades en contratos. La salida del citado personaje convierte la reestructura del ISSEMyM en el reto político y financiero más urgente del sexenio de la maestra Delfina, pues es ella quien debe responder directamente ante los 837 mil derechohabientes y garantizar la viabilidad del organismo cuyo déficit supera los 27 mil millones de pesos.