En el papel, la Ciudad ha demostrado ideas y planes felicitados en el ámbito mundial, sin embargo, con base en datos proporcionados por el mismo Gobierno sin evaluación externa, por ejemplo, de la sociedad civil, de la comunidad científica y académica.
Ninguna ciudad se escapa de las consecuencias de la crisis climática histórica que enfrentamos en cualquier territorio del planeta. Los recientes incendios que continúan en Los Ángeles han tenido consecuencias devastadoras con al menos 16 personas fallecidas, más de 150 mil personas evacuadas, más de 15 mil hectáreas quemadas (21 mil campos de fútbol), 12 mil estructuras incluyendo viviendas destruidas y se habla de pérdidas económicas de 57 mil millones de dólares.
La Ciudad de México es uno de los territorios más vulnerables ante la crisis climática especialmente por el incremento descontrolado de la temperatura de hasta casi 4 grados en los últimos años, acelerando el efecto de isla de calor urbana. Algunas áreas urbanas presentan temperaturas hasta 5 grados más altas que zonas rurales impactando la salud pública y la biodiversidad.
La desaparición de especies se ha acelerado, especialmente de árboles por plagas y enfermedades exacerbadas por las malas condiciones climáticas, de suelo y la ausencia de una estrategia integral de saneamiento arbolario. En alcaldías como la Cuauhtémoc el muérdago amenaza más de la mitad de sus árboles. La Ciudad enfrenta desafíos en la gestión y acceso al agua con infraestructuras obsoletas que requieren de una inversión inmensa. Inundaciones y escasez afectan con más impacto a las personas que menos tienen, abriendo la puerta a prácticas violentas de clientelismo y coacción vinculadas al acceso al agua. Eventos meteorológicos extremos y pérdida de suelos vivos también son unos de los fenómenos exacerbados por la crisis climática.
Desde hace varios años más de 40 organizaciones y más de 25 mil personas han solicitado al Gobierno de la Ciudad de México y de las 16 alcaldías (que ni siquiera han presentado sus planes de acción climática como lo obliga la Ley) que emitieran la Declaratoria de Emergencia Climática como otros gobiernos nacionales y locales del mundo con el fin de dar un mensaje contundente frente a la verdad y la realidad de la situación. Otras organizaciones han propuesto un nuevo Pacto Socioambiental con base en la responsabilidad colectiva, la justicia social y metas medibles.
Dentro de los 100 días, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha anunciado acciones como la protección del Bosque de Agua, el programa Parques Alegría para conservar y rehabilitar las áreas verdes urbanas, operativos contra la tala ilegal, un C5 del agua o la creación de la Agencia de Gestión Integral de Riesgos.
La llegada a la Secretaría de Medio Ambiente de Julia Álvarez Icaza, activista con experiencia en la sociedad civil, es una oportunidad para reconectar con las organizaciones y la ciudadanía a través de un gran Acuerdo para la Acción Climática innovador, justo e incluyente que reconozca la situación y logre establecer metas más ambiciosas que cumplan con las obligaciones legales de la Ciudad. Para un impacto real, debe involucrar al sector privado, a la academia y a la ciudadanía frente a la complejidad de la situación.
