La nueva legislación busca ordenar el aprovechamiento de este recurso vital, pero debe hacerlo sin debilitar los derechos adquiridos de los usuarios que, con esfuerzo, sostienen la producción de alimentos y la economía rural. En un país con crecientes desafíos hídricos y climáticos, la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria deben caminar de la mano.

Uno de los puntos críticos es la propuesta de permitir que la autoridad pueda reducir o cancelar volúmenes concesionados “para garantizar la seguridad hídrica”, sin una fundamentación clara. Esto abriría la puerta a decisiones arbitrarias que afectarían injustificadamente a los productores agropecuarios. La propuesta alternativa es simple pero esencial: toda modificación o cancelación de concesión debe realizarse mediante declaratoria formal, debidamente fundada y conforme a la ley. El agua para producir alimentos no puede considerarse secundaria.

Asimismo, se plantea conservar las transferencias internas de agua dentro de los distritos de riego, que permiten mover volúmenes ya autorizados y optimizar su uso sin cambiar el destino ni el volumen total. Estas prácticas, hoy reguladas por los propios reglamentos distritales, son clave para evitar desperdicios y mantener la eficiencia, especialmente en años de escasez.

Otro aspecto central es la seguridad jurídica de los títulos de concesión. Cuando un productor fallece, vende su terreno o relocaliza un pozo dentro del mismo acuífero, debe poder obtener un nuevo título con agilidad y sin que se le exija demostrar disponibilidad adicional. La ley debe acompañar a los productores, no obstaculizarlos con trámites innecesarios.

También se propone una modificación de fondo para incentivar la tecnificación del riego. Hoy, cuando un productor invierte en modernización y ahorra agua, la autoridad puede reducir su volumen concesionado. Esta práctica desincentiva la eficiencia. Por ello, se propone que los volúmenes ahorrados por inversión privada no sean causa de reducción, salvo en los casos en que exista subsidio estatal mayoritario. El mensaje debe ser claro: quien cuida el agua no debe ser castigado, sino reconocido.

Finalmente, el artículo 25 de la Ley General de Aguas debería establecer que, una vez garantizado el derecho humano al agua para uso doméstico, el siguiente uso prioritario sea el de producción de alimentos. México no puede garantizar su derecho al agua si no protege también su derecho a alimentarse con lo que produce su tierra.