En un mundo ideal, el acuerdo entre dos personas debería ser terreno sagrado. La esencia misma del derecho privado es esa libertad: la capacidad de sentarnos a la mesa y pactar nuestras propias reglas sin que el Estado sea un invitado obligatorio.
Sin embargo, la autonomía de la voluntad no es absoluta. El reto surge cuando lo pactado en privado trasciende las paredes de lo particular y toca el orden público. Es ahí donde el Estado deja de ser espectador para establecer límites, asegurando que nuestra libertad no atropelle el bienestar común.
Un ejemplo claro de esta vigilancia es el matrimonio civil. Durante décadas, funcionó como un molde rígido: un contrato innegociable con fines de procreación y barreras de género infranqueables. Hoy, el derecho familiar moderno ha intentado superar esa herencia romana para privilegiar la libertad. Parece que el matrimonio ya no es una imposición, sino una expresión de autonomía: las uniones ya no dependen del género y el divorcio se ha simplificado a un trámite de mera voluntad, olvidando la idea de que el vínculo matrimonial persista.
Cierto es que el Estado se mantiene activo en la institución matrimonial. La familia es el núcleo donde la sociedad deposita su expectativa de estabilidad. Al decir “sí” ante un juez, aceptamos un paquete de derechos y obligaciones impuestos por la ley, queramos o no. La voluntad individual tiene un límite: el interés público que ve en la familia el cimiento de la estructura social. Aquí es donde debemos hacer un deslinde urgente. Una cosa es que el Estado intervenga para dar orden a la familia y otra muy distinta, es su intromisión injustificada en el patrimonio privado.
Como lo sostuvimos en la entrega pasada, la reciente incursión del gobierno de la Ciudad de México en el mercado de arrendamiento —avalada por el Pleno de la Suprema Corte— parece más un exceso que una protección. Limitar por decreto los aumentos a las rentas bajo el escudo del “derecho a la vivienda” o la prevención de fenómenos como la “gentrificación” y el “desplazamiento residencial” con el propósito de reducir desigualdades sociales y promover la estabilidad habitacional en realidad son sin razones para trasladar la responsabilidad del Estado al ámbito privado. Garantizar un techo habitable, digno y adecuado es una obligación constitucional del Estado mexicano, no una carga que deba confiscarse a los ciudadanos.
Para que la reforma legal sea constitucional, se requiere un test de proporcionalidad justo, sin sesgos ideológicos. Siendo objetivos, pensamos que la Corte debió tomar en cuenta que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México no consideró alternativas no invasivas del derecho privado. Todavía más importante, las personas no deberían permitir que su libertad contractual se vea disminuida con falacias para justificar esa intromisión en la vida privada. En lugar de asfixiar al propietario con controles de precios, el Estado debería considerar al arrendador privado como un aliado estratégico en la crisis de vivienda, ofreciendo incentivos que fomenten la oferta en lugar de castigarla.
El índice de inflación actual no es una brújula confiable para medir la realidad económica y no soluciona nada. La adopción de parámetros técnicos y objetivos que den certeza a ambas partes debe dejarse a su libertad para pactar. Solo así habrá el equilibrio justo para alcanzar el derecho a un hogar digno y adecuado en el mercado privado o viviremos en una burbuja ideológica sin sustento real.
