Por Liliana Veloz Márquez
Sin embargo, los cambios de sexenio han traído más discursos que resultados: prácticas de opacidad persistentes, escándalos de corrupción recurrentes y un entramado institucional incapaz de sancionar de manera efectiva a quienes abusan del poder.
Analista de Políticas Públicas, egresada del CIDE y de la Universidad de Houston
La corrupción y la impunidad han sido, durante décadas, problemas estructurales del Estado mexicano. Desde la transición democrática del año 2000, todos los gobiernos han prometido erradicarlas como condición indispensable para fortalecer la democracia y recuperar la confianza ciudadana.
El primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum no ha significado un sustantivo tranquilo con esta lógica. Al igual que en el sexenio anterior, la narrativa oficial insiste en que la corrupción y la impunidad forman parte del pasado. Desde las conferencias gubernamentales se descalifica sistemáticamente a organismos internacionales, organizaciones civiles y periodistas que documentan la persistencia del problema, bajo el argumento de que se trata de mediciones sesgadas o de herencias del pasado. Sin embargo, los datos disponibles apuntan en otra dirección.
De acuerdo con Latinobarómetro 2024, casi la mitad de los mexicanos expresa poca o ninguna confianza en el gobierno, y más del 64 por ciento manifiesta la misma desconfianza hacia el Poder Judicial. La Encuesta de Impunidad Cero refuerza este diagnóstico: alrededor del 60 por ciento de los encuestados considera que en México no hay justicia y casi la mitad percibe que la impunidad va en aumento. Estas cifras no sólo reflejan una crisis de percepción, sino una brecha creciente entre el discurso gubernamental y la experiencia cotidiana de los ciudadanos.
El problema se vuelve aún más evidente al analizar herramientas como el Índice de Impunidad elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que da seguimiento a 17 casos de corrupción de alto perfil ocurridos entre 2014 y 2022. Ninguno de estos casos ha alcanzado una resolución plena: no hay sentencias firmes, responsabilidades claramente acreditadas ni restitución efectiva del daño al erario. A casi una década de distancia en algunos expedientes, la justicia sigue siendo incompleta o inexistente y, en algunos casos, parece utilizarse de manera selectiva frente a voces críticas.
La persistencia de la impunidad en México no sólo tiene consecuencias internas, sino que también acarrea costos externos cada vez más visibles. En los últimos meses, el gobierno de Estados Unidos ha aumentado la presión sobre México en temas vinculados al Estado de derecho, particularmente en materia de seguridad, combate al crimen organizado y cooperación judicial. Estas presiones no surgen en el vacío: la falta de resultados en investigaciones de alto perfil, la debilidad de las fiscales y la percepción de un Poder Judicial vulnerable minan la confianza de los socios internacionales. Cuando los procesos judiciales no avanzan o se perciben como selectivos, la cooperación bilateral se vuelve más frágil, y México queda expuesto a mayores condicionamientos en áreas clave como seguridad, comercio y migración.
Combatir la corrupción y reducir los niveles de impunidad no son actos de voluntad presidencial ni consignas que puedan imponerse por decreto. Se requiere fortalecer las capacidades institucionales , en lugar de debilitarlas; profesionalizar las fiscalías, en vez de capturarlas; y garantizar la autonomía judicial para evitar que los intereses y agendas particulares se impongan. El gobierno de Claudia Sheinbaum aún está a tiempo de corregir el rumbo y evitar que se profundice el deterioro institucional que se vive. Negar los datos no solo profundiza la desconfianza interna, también debilita la posición de México frente a sus principales socios internacionales.
