El 19 de marzo presenté ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objetivo de otorgar a la Secretaría de Marina (Semar) funciones en materia de inspección y vigilancia pesquera y acuícola —actualmente exclusivas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)—. Esta propuesta responde a la necesidad de frenar la pesca ilegal en el país, práctica que ha vulnerado la competencia entre productores y afectado el medio ambiente.

La iniciativa que promuevo en conjunto con otras compañeras diputadas de Morena, ha provocado el interés de especialistas, autoridades de diversos ámbitos y organizaciones de la sociedad civil, como es la asociación Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura Mexicanas, que ha estado realizando el ciclo de conversatorios “¿Qué implica la transferencia de Atribuciones de inspección y vigilancia de la Conapesca a la Semar?”, en el cual yo participé la semana pasada.

Nuestra iniciativa propone una coordinación entre la Sader y la Semar en la materia, la cual implica un trabajo conjunto con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, as como, productores y comunidades indígenas en la formulación, operación y evaluación del Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal, ya previsto en la Ley.

No existiría un impacto económico que afecte al erario, porque en el régimen transitorio se establece que no exista un aumento presupuestal a la Semar como parte de sus nuevas atribuciones para el presente ejercicio fiscal ni los subsecuentes, sino que el titular de la Sader deberá transferir los recursos humanos, materiales y financieros correspondientes.

Esta propuesta es acorde con la naturaleza administrativa de la Semar, de ser aprobada la iniciativa, se otorgarían atribuciones de inspección y vigilancia de las actividades derivadas de la pesca y acuacultura, que se sumarían de manera idónea a las que ya tiene de ejercer autoridad para procurar la soberanía en el mar territorial. Asimismo, se aprovecharían las capacidades y actividades náuticas y navales de esa dependencia federal, permitiendo impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, y coadyuvar en la preservación de la biodiversidad marina.