por Mónica Laborda Sánchez
Ese supuesto ya no existe. Hoy, el comercio es una extensión de la política de poder, y los acuerdos comerciales son instrumentos de posicionamiento estratégico.
Consultora, conferencista y catedrática, Doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea. Asociada del COMEXI.
@molaborda
El Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea suele evaluarse con métricas que pertenecen a otra época. Se insiste en que el comercio con Europa representa apenas alrededor del 7% del total mexicano, como si el sistema internacional siguiera regido por reglas estables y decisiones puramente económicas.
El contexto global es decisivo. La fragmentación del orden internacional, la erosión del multilateralismo y la creciente integración entre economía, seguridad y tecnología han transformado la lógica del intercambio. Las cadenas globales de valor se reconfiguran no sólo por eficiencia, sino por criterios de confianza, afinidad regulatoria y alineamiento político. En este entorno, la dependencia excesiva deja de ser una ventaja comparativa y se convierte en una vulnerabilidad estructural.
Desde esta perspectiva, el Acuerdo Global Modernizado (AGM) no busca sustituir la relación con Estados Unidos, sino introducir redundancia estratégica. Diversificar no es cambiar de dependencia, sino evitar que una sola relación concentre riesgos económicos, regulatorios y políticos. La Unión Europea aporta atributos cada vez más escasos: estabilidad institucional, previsibilidad normativa y una lógica de comercio basada en reglas. En tiempos de volatilidad, estos elementos adquieren un valor estratégico propio.
El acuerdo también apunta a la calidad de la inserción internacional. El comercio con Europa se concentra en sectores intensivos en conocimiento, tecnología y capital humano, justamente aquellos que definen la competitividad de largo plazo. El AGM refuerza un patrón de integración más sofisticado, alineado con estándares elevados en industria avanzada, transición energética y servicios digitales. No se trata solo de vender más, sino de integrarse mejor.
Conviene, sin embargo, evitar lecturas complacientes. El acuerdo no transforma estructuras productivas por sí mismo. Es una plataforma, no un resultado. Su función es reducir incertidumbre, bajar costos regulatorios y ofrecer un marco creíble para inversiones de largo plazo. En el actual proceso de nearshoring, esta diferencia es crucial, los países que capturan valor no son los más baratos, sino los más confiables.
El impacto del AGM es también normativo y político. Los compromisos en desarrollo sostenible, derechos laborales y combate a la corrupción no son concesiones marginales, sino mecanismos de convergencia regulatoria. En la economía política contemporánea, los estándares operan como filtros de acceso a mercados, financiamiento y tecnología.
Nada de esto se materializa de manera automática. La implementación del acuerdo exigirá una diplomacia económica activa y profesional, capaz de identificar oportunidades concretas, anticipar fricciones regulatorias y sostener la credibilidad de México como socio confiable. En un sistema internacional donde la incertidumbre ya no es coyuntural sino estructural, diversificar no es una consigna ideológica, sino una estrategia de protección y de poder. El AGM no promete resultados inmediatos, pero sí ofrece algo cada vez más escaso en la política internacional contemporánea, margen de maniobra frente a un mundo crecientemente volátil.
