Del Renaut al Panaut. Una década perdida

Por Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del INAI

[ A la memoria del legislador y gran tribuno de oposición Tomás Torres Mercado ]

Mientras la inseguridad pública en México se ha incrementado y a lo largo de una década y se ha vuelto cada vez más violenta, el Estado mexicano ha dado tumbos. Como si no hubiera memoria, el gobierno en turno -en 2010 y en el 2021 respectivamente-, urgió al Congreso de la Unión aprobar sin dilaciones la correspondiente iniciativa presidencial de un instrumento legal para atajar el éxito del crimen organizado y del espontaneo que, literalmente, tienen de cabeza a la nación.

Dos gobiernos -el de Calderón Hinojosa y el de López Obrador- hicieron lo mismo; trataron de resolver el problema desde la lógica peligrosista apostando a un control masivo de los datos personales de la población. El RENAUT (2010-2011), El PANAUT (2021-2022), fueron imaginados para controlar los registros de los usuarios de telefonía móvil a efecto de poder intervenir las líneas de aquellos números que resultaran “sospechosos”, sin tener que ir a conseguir la burocrática autorización judicial.

Hablamos que en 2010 alcanzaba los 78 millones de dispositivo móvil o celular y que ahora, once años después, ronda por los 95 millones. En pocas palabras, más que la población económicamente activa y más que el padrón nacional electoral, porque un segmento creciente de usuarios de dispositivos móviles son menores de edad.

En lugar de haber ido por las rutas convencionales para remontar la inseguridad pública: unidad de mando policiaco, más y mejor formación del personal policiaco; equipo adecuado e inteligencia policial aplicada; fueron por una vía que entonces y ahora generó polémica por los riesgos colaterales que tendría por tantas vías de asalto a la integridad de esos datos desde dentro del gobierno y desde la complicidad externa con los cárteles del crimen organizado.

El 30 de abril de 2010, el último día del periodo ordinario, el Congreso de la Unión aprobó la creación del RENAUT (registro nacional de usuarios de telefonía celular).

Sin embargo, un año después, el RENAUT quedó sin efectos. Recojo las expresiones del entonces senador Tomás Torres Mercado del PRD, quien propuso derogar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía. “…toda vez que no se logró el objetivo de coadyuvar en la prevención, investigación y persecución de delitos como el secuestro y la extorsión, en los que se utilizan teléfonos móviles. …el diseño del RENAUT fue inadecuado y facilitó la comisión de delitos que se buscó combatir y generó lagunas e incentivos para la comisión de conductas como el robo de datos personales…”

En el 2021, respecto del PANAUT, el INAI señaló que así no podría lograrse el objetivo pretendido por el legislador; la fábrica del instrumento era insuficiente para garantizar la adecuada recolección de datos personales biométricos de los millones de usuarios de telefonía móvil y más aún para garantizar el adecuado resguardo y correcto tratamiento de esos datos sensibles.

En consecuencia, el INAI llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto en acción de inconstitucionalidad, misma que fue resuelta justo un años después. Naturalmente, el máximo tribunal declaró la invalidez del aparato normativo del PANAUT.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión