¿Quién de nosotros no ha expresado, alguna vez, preocupación legítima sobre el tratamiento que las empresas o las personas físicas dan a nuestros datos personales?

Todas estas interrogantes deben ser respondidas bajo la autodeterminación informativa; es decir, sobre cómo decidimos, de forma libre e informada, sobre el uso o divulgación de nuestros datos personales.

De acuerdo con la Ley de la materia, el responsable del tratamiento tiene un plazo de veinte días hábiles para dar respuesta a tu solicitud y, de ser procedente, dentro de los quince días hábiles siguientes atienda los términos solicitados.

Con este procedimiento, en caso de no existir conciliación, el INAI está facultado para obligar al responsable a cumplir con lo solicitado y, de persistir su incumplimiento, llegar a sancionarlo económicamente.

Aquí radica la importancia de contar con un organismo constitucional autónomo, especializado en la materia, que garantiza tales derechos.

Un rasgo inequívoco e irreductible de un auténtico Estado constitucional de Derecho implica no sólo el reconocimiento de los derechos humanos por las distintas normas (tratados internacionales, constituciones, leyes, reglamentos, etc.), sino su protección efectiva.

Sin esta protección los derechos humanos quedan plasmados sólo como ideal, al tiempo que la Constitución se percibe como mero catálogo de aquellos y no, como debe ser, la norma de normas.

Apostemos por las instituciones que protegen derechos, la sociedad lo merece.