Hablar de desaparición forzada en México es hablar de la herida más profunda que puede sufrir una sociedad. La relevancia de este tópico para nuestro país es vital, pues toca fibras que afectan nuestra convivencia civilizada. El Estado existe para protegernos; cuando es un agente estatal quien desaparece a una persona, la legitimación de las instituciones se desvanece. Para México, resolver y prevenir esta crisis es fundamental para recuperar la confianza ciudadana. Mientras persista la sospecha de que agentes del Estado son los perpetradores, la brecha entre la sociedad y el gobierno seguirá siendo un abismo infranqueable.

La importancia de la desaparición forzada de persona se debe a que es un delito continuo y es imprescriptible hasta no dar con el paradero de la víctima, viva o muerta. Tanto la víctima como sus familiares y amigos —víctimas indirectas—, no recibirán justicia en tanto permanezca ilocalizable; tampoco existe descanso posible sin los restos de la persona injustamente desaparecida para despedirlo con dignidad. 

Esta problemática coloca a nuestra democracia frente a una realidad incómoda: ¿cómo podemos hablar de Estado de derecho cuando miles de ciudadanos han sido sustraídos de su familia, amistades y de la protección de la ley? La crisis actual no sólo pone a prueba la capacidad forense y de búsqueda del Estado, sino también su voluntad política para desarticular las estructuras de impunidad que permiten que esto siga ocurriendo. Además, un Estado con miles de personas cuyo paradero se ignora, excluye a las víctimas de derechos que está obligado a garantizar: integridad personal, vida, justicia, debido proceso, verdad y la garantía de no repetición.

En el ámbito internacional, México forma parte de tratados que nos obligan a proteger los derechos humanos al más alto nivel. Cumplir con ello no es un mero formalismo para satisfacer a la ONU o la OEA, sino para demostrar que somos una nación moderna que no tolera prácticas propias de regímenes autoritarios.

Resulta justo reconocer el paso dado por la presidenta al establecer las bases para un análisis profundo sobre las desapariciones. Es un ejercicio que requiere un arrojo político poco común y que parece encarar la realidad en pos de la verdad. Sin embargo, las críticas de diversas ONG’s de DH, la oposición y sectores de la prensa se han centrado en la forma y en el fondo: el momento elegido para difundir el reporte —previo a las vacaciones— ha sido interpretado como una táctica para apagar el debate público. 

Entonces, ¿son confiables las metodologías de depuración de censos?, ¿qué papel juegan las fiscalías locales en este rompecabezas? y, sobre todo, ¿estamos preparados para desvirtuar que esos delitos son crímenes de lesa humanidad? Ampliaré mis comentarios en próximas entregas.