Cinco años después de que la Fiscalía General de Baja California lo llamara a rendir cuentas a través del citatorio 296/2022, el exgobernador cuatroteísta Jaime N fue vinculado a proceso por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones en un caso ligado a la contratación de la empresa Next Energy, más específicamente por irregularidades en el proyecto de construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali. 

Se recuerda que, a pesar de que el proyecto nunca se concretó porque no se lograron obtener los permisos federales, la administración de Jaime N hizo las transacciones para llevar a cabo la obra, con lo que comprometió recursos por el orden de los 12 mil millones de pesos, situación que fue denunciada por el gobierno de su sucesora y compañera de movimiento, Marina del Pilar Ávila. 

En aquel entonces, además del exgobernador fueron llamados ante la Fiscalía, entonces de Iván Carpio, nueve miembros del gabinete de Jaime N igualmente denunciados por los mismos delitos; entre ellos, el exsecretario general de Gobierno, Amador Rodríguez; el extitular de Hacienda, Rodolfo Castro; los extitulares de la comisión Estatal de Energía, de Saneamiento y tres exoficiales mayores (Adalberto N, Marco Octavio N e Israel Clemente N).

El caso de Next Energy en Baja California no es aislado. En Nuevo León, la alcaldía de Monterrey, de Adrián de la Garza, otorgó un contrato a esta empresa para la construcción de una planta solar valuada en 7 mil 371 millones de pesos. Dicha obra nunca se construyó, pero el gobierno municipal sí realizó pagos a Next Energy y a otras empresas ligadas a Eugenio Maiz Domene, empresario que fue arrestado a finales de 2025 por el delito de fraude tras incumplir un contrato en el estado de Aguascalientes. 

Apenas hace unos días, un juez determinó mediante la resolución del expediente 0218/2023 el fin de la relación contractual del “Programa de Eficiencia Energética” en el muncipio de Aguascalientes firmado con la empresa Next Energy en marzo de 2019. Con dicha decisión, el municipio quedó desvinculado de la obligación de realizar pagos que pretendían extenderse hasta el año 2050 y podrá recuperar alrededor de 600 millones de pesos que fueron indebidamente pagados.