Porque lo que está en juego no es solo una dirigencia sindical, sino la posibilidad real de que la democracia laboral deje de ser un discurso para convertirse en una práctica.
El Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) está a punto de enfrentar el juicio más severo de su historia. El expediente 10/02788, que reposa en el escritorio de Alfredo Domínguez Marrufo, titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), documenta con precisión quirúrgica cómo un grupo dirigido por Alejandro Martínez Araiza montó una elección sindical plagada de irregularidades.
Las votaciones de abril —anticipadas siete meses antes del fin del mandato— tuvieron una sola planilla y una participación mínima: apenas 11 por ciento de los trabajadores. El objetivo, según denunciaron disidentes, fue blindar la reelección del heredero del clan Martínez, que ha controlado el sindicato durante casi seis décadas.
El CFCRL recibió pruebas de que la elección fue operada desde el interior del propio comité ejecutivo por los secretarios generales adjuntos y sustitutos: Gabriel Martínez Martínez, Pablo Vargas Mogollán, Alfredo Salvador Alvarado Delgado, Gabriel Antonio Díaz Cocom y Antonio Alejandro Arriola Martínez. Todos, piezas del engranaje que desde hace años mantiene el control del sindicato a través de asambleas cerradas, estatutos modificados y padrones manipulados.
El expediente, que pudo consultar este reportero, incluye 11 causales de nulidad. Entre ellas, un padrón electoral inválido —sin verificación de identidad ni firmas—, la exclusión de centros de trabajo, la falta de notificación generalizada, propaganda indebida en periodo de veda y la ausencia total de inspectores del CFCRL durante la jornada.
El proceso violó el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y los convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical. Incluso se votó en días feriados y sin respetar el calendario estatutario: el mandato vigente vencía hasta el 31 de diciembre de 2025.
Pero el punto más grave es la falta de transparencia financiera. No hay registros auditables, ni informes de gastos, ni rendición de cuentas. Se presume el uso discrecional de recursos sindicales y pagos a terceros sin comprobación. Las irregularidades posteriores —como la falta de resguardo de actas y boletas— refuerzan la sospecha de que el proceso no buscaba renovar un mandato, sino presuntamente legitimar un fraude.
Alejandro Martínez Araiza heredó el control del SNAC de su padre, quien lo dirigió durante décadas con el mismo estilo de poder personalista. Los trabajadores lo describen como un régimen sindical “familiar”, donde las decisiones se toman entre parientes y operadores de confianza.
Informes internos consultados por esta columna revelan transferencias opacas por más de 300 millones de pesos en el periodo 2019-2024, gastos inflados en consultorías y un patrimonio sindical que supera los 500 millones de pesos, del cual no se han presentado auditorías ante la autoridad laboral.
El caso SNAC pone a prueba la promesa de democratización sindical del actual gobierno. Si Domínguez Marrufo opta por validar la elección, estaría avalando un modelo patrimonialista contrario al espíritu de la reforma laboral de 2019. Pero si decide anularla, enviará una señal inequívoca: que los tiempos del sindicalismo heredado han terminado.
Por ahora, los 17 mil trabajadores del SNAC esperan una resolución que podría cambiar su historia. La pregunta es si el Estado mexicano está dispuesto a desmontar una estructura que, bajo el disfraz de representación obrera, ha funcionado durante años como un feudo político y económico.
