En medio de esa fragilidad, Pemex mantiene y amplía una operación que desafía toda lógica financiera: el envío de crudo y combustibles a Cuba, sin que se haya presentado públicamente evidencia de pago.
En los muelles del Golfo de México zarpan barcos cargados de crudo rumbo a Cuba, mientras en las oficinas de Pemex se acumulan los reportes de pérdidas. Es la postal perfecta de una paradoja nacional: una petrolera que no puede sostenerse a sí misma sostiene, con recursos de los contribuyentes, a otro país. Una política que no solo desafía la lógica económica: bordea el absurdo financiero.
Vamos por partes: Pemex acaba de reportar una pérdida neta de más de 61 mil millones de pesos, unos 3.3 mil millones de dólares, en el tercer trimestre. El resultado confirma que la petrolera estatal sigue atrapada entre altos costos, deterioro de activos y una deuda que rebasa los 100 mil millones de dólares. En el último año, la deuda con proveedores creció 37% en dólares. Y la producción de crudo y condensados cayó casi 7% respecto al mismo periodo de 2024. Todo ello, pese a que el Gobierno federal lanzó un paquete de rescate financiero sin precedentes, superior a 40 mil millones de dólares.
De acuerdo con reportes de Pemex ante la SEC estadounidense, entre julio de 2023 y junio de 2025 se enviaron entre 19,000 y 23,000 barriles diarios a Cuba, con un valor estimado de 1,300 millones de dólares, canalizados por su filial Gasolinas Bienestar. Pemex ha sostenido que esa sociedad “es privada” y, por tanto, no está obligada a transparentar información, aunque maneje recursos públicos.
Más aún, de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, los envíos de hidrocarburos a la isla se aceleraron este año: solo entre mayo y agosto se documentaron 58 cargamentos, con un valor aproximado de 3 mil millones de dólares. Si se trata de ayuda humanitaria, debería transparentarse. Si el argumento jurídico es débil; el financiero, todavía más. Mientras la petrolera arrastra pérdidas y busca liquidez para refinanciar su deuda, invierte en una relación opaca con un socio insolvente.
Evidentemente que las respuestas no son económicas, sino políticas. Pemex actúa como brazo energético de una diplomacia que busca sostener al régimen cubano, incluso a costa de sus propias finanzas. Pero esa política tiene costos concretos. Cada barril despachado sin contraprestación erosiona los ingresos de la petrolera que ya depende de apoyos fiscales y de rescates encubiertos. Cada peso perdido en una operación opaca incrementa la carga sobre el erario y reduce los márgenes para inversión, entre otras necesidades presupuestales.
A nivel financiero puro: Pemex pierde miles de millones de pesos en un solo trimestre, reconoce que su deuda supera los 100 mil millones de dólares, y aun así mantiene envíos de crudo a Cuba valuados en miles de millones más en apenas unos meses. Difícil sostener, bajo esos números, que la empresa opere en “modo austeridad” o siquiera en una estrategia seria de reducción del endeudamiento. Lo que asoma, más bien, es una desconexión profunda entre la estrategia corporativa, la realidad presupuestal y el sentido mínimo de prioridad financiera.
Si el gobierno pretende fortalecer su credibilidad ante las calificadoras e inversionistas globales, deberá empezar por exigirse y exigirle a Pemex lo mismo que a cualquier entidad que gasta dinero público: cuentas claras y decisiones racionales. Han sido este tipo de pasivos ‘políticos’ los que han lastrado a Pemex durante décadas y han socavado su viabilidad.
