por Diego Gómez Pickering
Escritor, periodista y diplomático. Asociado del COMEXI y miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre África, Medio Oriente y Sudeste asiático. (@gomezpickering)
“Continuaremos la lucha contra el movimiento global por la dominación presidido por Estados Unidos y sus gobiernos títere en Europa y Occidente a partir de nuestra insoslayable alianza con el hermano pueblo de Etiopía…. La disfuncional y obsoleta OTAN y sus compinches son una amenaza para los pueblos que luchan por la libertad, como es el caso de Rusia y nosotros mismos, aquí en Eritrea o en Etiopía. No nos dejaremos vencer.”
El discurso del septuagenario presidente eritreo Isaías Afewerki a finales de mayo en el estadio nacional de Asmara, capital del país africano, en ocasión del trigésimo aniversario de la independencia de la antigua colonia italiana no duró más de veinte minutos y fue recibido por el conjunto de los presentes con sonoros aplausos, vítores y sonrisas ensayadas, como corresponde a todo régimen autoritario de partido único. La concentración del poder en manos del otrora líder independentista a lo largo de las últimas tres décadas es tal que a Eritrea se le conoce como la Corea del Norte africana. Un autoritarismo personalista sostenido por un estado de emergencia permanente que ha permitido a Afewerki dominar no sólo los destinos de los suyos sino también incidir, no necesariamente para bien, en la geopolítica del Cuerno de África, una de las regiones más convulsas del continente.
Su abierta injerencia en la política somalí y su oprobioso apoyo a la invasión rusa de Ucrania son dos ejemplos de la beligerante política exterior de la Eritrea de Afewerki, pero desgraciadamente no son los únicos. La intervención de su multitudinario y bien armado y entrenado ejército en el conflicto que desde noviembre de 2020 azota la provincia etíope del Tigray, fronteriza con Eritrea, es quizá la muestra más flagrante del doloso músculo exterior del antiguo guerrillero.
Hasta enero de este año, según estimaciones de organismos como la Unión Europea o la Unión Africana, más de 600,000 personas habían fallecido como resultado de la guerra en Etiopía, finalizada en noviembre de 2022 con un cese al fuego acordado entre el gobierno de Addis Abeba y el Frente de Liberación Popular de Tigray, conocido como TPLF por sus siglas en inglés, o debido a sus graves y aún muy palpables consecuencias, principalmente, desplazamientos forzados, hambre y pobreza alimentaria. Tan solo en las últimas tres semanas, de acuerdo con la Comisión para el Manejo de Riesgos y Desastres del Tigray, 728 personas murieron de hambre en la región. Pero muchas más podrían hacerlo si no se reestablece la distribución de ayuda alimentaria por parte de Estados Unidos y Naciones Unidas, suspendida desde el mes pasado al descubrirse que ésta era revendida por los encargados de su distribución en lugar de llegar a alguno de los 20 millones de etíopes que enfrentan pobreza alimentaria.
La guerra en el Tigray y su agravada crisis humanitaria es, en voz de numerosos analistas, uno de los conflictos más letales del siglo veintiuno, en el que todas las partes involucradas han cometido atrocidades que diversas entidades internacionales sopesan investigar como crímenes de lesa humanidad. Un conflicto que por sus proporciones y víctimas resalta en una región africana de por sí afligida por constante inestabilidad económica, política y social. Un conflicto en el que Eritrea ha jugado y sigue jugando un rol por el que debiese rendir cuentas ante el sistema internacional.
Mientras Afewerki daba su discurso en el estadio nacional de Asmara a finales de mayo, en Mekelle, la vecina y devastada capital de la región del Tigray, cerca de cuatro mil personas se manifestaban para pedir que las tropas eritreas abandonen el territorio etíope pues dificultan los esfuerzos de más de un millón de desplazados por retornar a sus pueblos y ciudades al tiempo que tensan el acuerdo de cese al fuego de noviembre de 2022 entre Addis Abeba y el TPLF del que no formaron parte de manera oficial. Las demandas del pueblo tigriña deben ser escuchadas, el gobierno federal etíope de Abiy Ahmed debe solicitar la retirada del ejército eritreo al que invitó a intervenir en su guerra contra el TPLF y la comunidad internacional tiene la obligación de llamar a cuentas a los responsables de las deplorables masacres ocurridas durante el conflicto en el Cuerno de África.
