@velediaz424
Pocas veces la distancia entre el poder militar y el poder político queda retratada sin matices frente a la realidad nacional. El martes 10 de febrero en el evento del aniversario 111 de la Fuerza Aérea Mexicana en la base aérea militar de Santa Lucía, el general Ricardo Trevilla Trejo reivindicó la cooperación entre las fuerzas armadas del país con el Comando Norte estadounidense. Esta cooperación no contradice el principio de soberanía nacional porque son responsabilidades compartidas, aseguró en su mensaje el secretario de la Defensa Nacional. “El vínculo que mantenemos con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, a través de su Comando Norte, es sólido y fuerte, porque se basa en valores que compartimos: honor, lealtad, respeto y patriotismo”, dijo.
Al día siguiente el Senado de la República aprobó en “fast track” el ingreso al país de 19 marines pertenecientes al cuerpo de Navy Seals, armados con equipo de combate y tecnológico, para impartir un curso de operaciones a un grupo selecto de fuerzas especiales de la Marina. Los marines llegarán en un avión de la armada estadounidense a Campeche el 15 de febrero y estarán en el país hasta el 16 de abril. Su presencia forma parte de uno de los objetivos de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral (BMCR) sobre fortalecer “la compatibilidad operativa y las capacidades combinadas de interdicción” entre las fuerzas especiales de ambos países para enfrentar “las amenazas asimétricas”. La aprobación del ingreso de militares estadounidenses armados a México se dio por 114 votos a favor y una abstención, la del senador Gerardo Fernández Noroña.
El mismo dia de la votación, en Washington se efectuó la primera Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental, a invitación del general Dan Caine, jefe de Estado Mayor Conjunto, donde estuvieron presentes el secretario de Marina, el almirante Raymundo Morales Ángeles y el titular de Defensa junto a otros 34 jefes militares de América Latina. El mensaje fue directo: la política militar del Pentágono se redirecciona para “contrarrestar a las organizaciones criminales y terroristas trasnacionales, y a los actores externos que socavan la seguridad y estabilidad regionales”. Se trata de “restaurar la fortaleza estadounidense en el hemisferio mediante prioridades compartidas e intereses comunes”. La doctrina Donroe sin ambages.
El pulso a las operaciones contra las organizaciones criminales tuvo un mensaje en el espacio aéreo fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, cuando desde Fort Bliss se activó un nuevo armamento láser antidrones con las primeras pruebas en la frontera con México, lo que generó especulaciones sobre un inminente ataque contra los cárteles que operan en la frontera.
La doble cara del gobierno frente a los cárteles se vivió el martes en Tequila, Jalisco, donde un evento del gobernador Pablo Lemus con la alcaldesa interina Lorena Marisol Rodríguez, contó con la presencia del general Porfirio Fuentes Vélez. El comandante militar no pudo ocultar la incomodidad de estar sentado junto a la edil que fue grabada cantando narcocorridos cuando era de las operadoras más cercanas del hoy defenestrado presidente municipal morenista Diego Rivera Navarro, operador político criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
