Habrá entonces que desenmascarar los rasgos regresivos de la política educativa del “nuevo” gobierno y proponer acciones bajo un marco profundamente renovado. El escenario cambió. La exigencia de igualdad, justicia y libertad es hoy más vigente.
Las y los mexicanos tenemos una peculiar manera de acercarnos al poder. Dado que nuestra sociedad no funciona para recompensar de manera justa las capacidades, el esfuerzo individual y la honestidad, hemos internalizado la creencia de que hay que “hacer relaciones” para salir adelante. No importa si estas relaciones son transparentes, horizontales, de complicidad o dependencia. Lo que importa es “salvarse”.
Como consecuencia, se refuerzan conductas y personajes que otras sociedades rechazan. En México, al político miserable o al cruel narcotraficante los crean y cultivan sus huestes. Son las relaciones de poder entre éstos y sus subalternos las que los hacen crecer y mitifican. La relación de poder y dependencia fortalece a los primeros a costa de la dignidad de los segundos, que no están muy preocupados de cómo sus conductas normalizan la corrupción, la violencia y la mentira.
La manera en cómo una posición de poder se utiliza para borrar o enmascarar los vicios humanos está presente en estos días con una pavorosa nitidez. Aún no se califica la elección federal por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni hay planes de gobierno, pero ya una treintena de rectoras y rectores de diversas universidades públicas (excepto de la UNAM), “celebraron” el nombramiento del “maestro Delgado” al frente de la Secretaría de Educación Pública. Creen que representa una “invaluable oportunidad” para impulsar políticas “inclusivas” y “de calidad”.
Al ostentar el poder se cree que los vicios y comportamientos previos y erráticos del personaje desaparecen automáticamente. ¡Muera el rey, viva el Rey! Quizás un antídoto para contrarrestar esta precaria “cultura” política sea la memoria. En este sentido, habrá que preguntarse qué características tuvo la política educativa de 2018 a 2024.
Uno de los rasgos más marcados de la política educativa en el gobierno de AMLO fue, a mi ver, que no importaba la viabilidad y sustentabilidad del sistema educativo, sino su control a partir de la implantación de programas híper-reivindicativos, pero profundamente convencionales y, por tanto, ineficientes. Idearon medidas políticamente muy rentables.
Bajo este rasgo, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado y Clara Brugada ya adelantaron que quieren desaparecer la “famosa prueba del Comipems” que regula el acceso al bachillerato en la zona metropolitana. Como esta medida es popular políticamente hablando y está orientada por una reivindicación (irresponsable) se podrá concretar sin problema. La argumentación razonable contra esta acción, así como la realidad del joven aspirante pasarán a segundo término. Para dominar, nada como destruir, diría Maquiavelo.
Cuando apareció la Comipems (Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior) hubo un sinnúmero de problemas. Pablo Latapí Sarre, investigador y en ese momento, asesor del titular de la SEP, hizo un balance crítico del trabajo de la Comisión y sostuvo que una ventaja de ésta fue haber contrarrestado las “palancas” para entrar a la prepa.
¿Querrá Morena contrarrestar la asignación opaca y clientelar de lugares de estudio a instituciones públicas? Claro que no, de eso viven. Comprar lealtades y traficar influencias con la máscara de la justicia popular o (de la “transformación”) es el sello de la casa.
