Por Amparo Brindiz Amador
Los intentos de acotar a los Organismo Públicos Locales, no pararon ahí; el Ejecutivo nuevamente presentó un paquete de iniciativas, lo que se conoció popularmente como el Plan B, que el pleno de la Corte hecho abajo.
Como se observa, el intento de debilitamiento institucional de los OPL se ha presentado en varias ocasiones y no solo a través de reformas legales, sino a través del recorte presupuestal.
En la memoria hay que tener presente que en 2022, el Ejecutivo federal envío su proyecto de reforma constitucional en materia político-electoral, pretendiendo entre otras cosas la reducción de once a siete las consejerías del INE, la elección popular de las y los consejeros electorales, así como, reducir su periodo de nueve a seis años; pero también desaparecer a los Organismos Públicos Locales (OPL) -así llamados a partir de la reforma de 2014- y en su lugar, trasladar sus atribuciones al Instituto Nacional Electoral.
En su exposición de motivos se argumentaba que con dicha reforma “…se pretendía insertar el principio de austeridad en el sistema electoral y de partidos; erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder; conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativas y judicial únicas, bajo el principio de austeridad republicana…” (Cámara de Diputados, 2022).
Dicha iniciativa generó una gran polarización entre los partidos de oposición: PAN-PRI-PRD- versus los partidos Morena-PVEM-PT. Al finalizar los parlamentos abiertos, el proyecto del dictamen no alcanzó las dos terceras partes de los votos necesarias para su aprobación.
En Informes que se presentan en el INE, se da cuenta de las situaciones presupuestales de riesgo en la que se encuentran los OPL, ya que, entre el monto solicitado y el monto aprobado por los congresos locales de las entidades federativas hay variaciones, que los han llevado a encontrarse en semáforo rojo, esto es, que ante la falta de recursos han tenido y tienen un impacto en la capacidad de cumplir con sus atribuciones, con las actividades propias de los procesos electorales locales y como fue el caso, con la elección extraordinaria del Poder Judicial, pero también con las actividades de fomento a la educación cívica y cultura democrática, entre otras.
En el último informe del 15 de julio del presente año, se dijo que, en el contexto de la elección extraordinaria del Poder Judicial, siete entidades continúan en semáforo amarillo (Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Colima, Yucatán, Veracruz y Ciudad de México) quienes presentan una insuficiencia presupuestal y por ende no han saldado sus compromisos adquiridos.
En relación con la situación presupuestal ordinaria, aparecen Zacatecas y Yucatán en riesgo alto, y cuatro en nivel medio, Ciudad de México, Guerrero, San Luis Potosí y Veracruz. Siendo Zacatecas la entidad con adeudos con el INE derivados de dos procesos electorales 2021 y 2024 ante lo que el gobierno local les ha dicho que no tiene dinero. Ante ello, han solicitado una ampliación presupuestal para sus gastos operativos para lo que resta del año, ya que según los reportes no tienen ni para cubrir salarios y prestaciones y el costo de actividades institucionales, sin ninguna respuesta.
No hay que olvidar que los OPL junto con el INE forman parte de un conjunto de instituciones que trabajan por la integridad de los procesos electorales en nuestro país, desempeñando un papel fundamental en la garantía del ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, pero también desempeñando un papel relevante y casi único en la promoción de la cultura cívica, en la gobernabilidad y gobernanza democrática.
El INE junto con los OPL han sido fundamentales para que hoy en día la transmisión del poder se realice de manera pacífica y en un marco de estabilidad democrática, al organizar procesos electorales bajo los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, muestra de ello, han sido las diversas alternancias que se han presentado en las alcaldías, en las diputaciones locales y federales, senadurías, en las gubernaturas, en la presidencia de la República, así como la organización de la pasada elección extraordinaria del Poder Judicial.
Son instituciones electorales sólidas y técnicamente capaces, donde la imparcialidad debe ser el eje de su actuar, por lo que intervenir en la decisión de sus presupuestos es limitarlos y presionarlos, mermando con ello su autonomía.
Ojalá que en la iniciativa electoral que se está trabajando desde el Poder Ejecutivo, no se esté pensando en desaparecer a los OPL ni debilitar al INE, y menos en un contexto internacional de democracias amenazadas y débiles. El INE como institución autónoma no solo es garante de nuestros derechos políticos-electorales, sino también, fortalece nuestra democracia.
