Por Magdalena García Hernández
Tras una escucha atenta de las exposiciones presentadas en el Seminario de Perspectivas Económicas 2026 del ITAM, esta nota constituye mi contribución al debate sobre el rumbo económico de México en 2026.
Economista
Retoma y contrasta los planteamientos expuestos en el foro para ampliar el marco de lectura e incorporar variables y ámbitos que, por razones institucionales o políticas, suelen quedar fuera del discurso oficial. El objetivo es fortalecer la capacidad explicativa y propositiva de los análisis de perspectivas 2026 y señalar ajustes urgentes para evitar un deterioro mayor del desempeño económico, la gobernanza territorial y la cohesión social del país.
El contraste observado en el Seminario entre las lecturas de Alejandro Werner, director fundador del Georgetown Americas Institute en la Universidad de Georgetown, y Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio en la Secretaría de Economía, revela una brecha que debe cerrarse. Mantener el marco actual, sin correcciones sustantivas, empeorará las perspectivas económicas y políticas de México en 2026.
Werner se pregunta por qué México crece poco y ofrece un diagnóstico estructural de largo plazo basado en la ausencia de una estrategia clara frente a las transformaciones globales: cambio tecnológico, inteligencia artificial, transición energética, cambio demográfico, así como fragmentación y volatilidad geopolítica.
Todo ello se traduce en bajo crecimiento, productividad estancada, debilitamiento institucional —agravado por la reforma judicial— y alta vulnerabilidad ante choques externos en un mundo fragmentado. Concluye que este modelo de bajo crecimiento no es sostenible, aunque pueda prolongarse en el tiempo, si no se emprenden reformas internas claras, focalizadas y estratégicas. Las transferencias monetarias no sustituyen empleo, Estado ni proyecto productivo.
Llerenas, condicionado por las atribuciones de la Secretaría de Economía, presenta en contraste un relato de gestión administrativa optimista, apoyado en la estabilidad macroeconómica, las oportunidades derivadas del nearshoring, el dinamismo exportador, una mejora en los indicadores de seguridad medida por la reducción de homicidios y la facilitación de la inversión. Identifica al “factor externo” como el principal obstáculo al crecimiento, aunque reconoce una mejora respecto al año anterior. Asume que México está creciendo “dentro de lo posible” y que el reto central consiste en administrar adecuadamente las oportunidades externas.
La primera omisión crítica es la falta de cobertura de ámbitos económicos completos. El análisis oficial se concentra en el Plan México y en la atracción de grandes inversiones, en gran medida trasnacionales, sin integrar una estrategia explícita para los sectores y actores que sostienen el empleo, el ingreso y la resiliencia territorial, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas.
En esa misma omisión destaca la ausencia del sector turístico, que representa más del 8 por ciento del PIB y más del 7 por ciento del empleo, y cuya contribución es decisiva para el desarrollo regional, la balanza de pagos y la cohesión social. Omitirlo limita la capacidad de anticipar impactos territoriales y de diseñar políticas de crecimiento equilibradas, y revela una falta de coordinación intersecretarial y un diseño fragmentado de la política económica, donde sectores clave quedan fuera por no encajar en la narrativa de nearshoring o manufactura avanzada.
En la misma lógica, resulta imperioso fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. Una estrategia de crecimiento circunscrita a la gran empresa reproduce vulnerabilidades conocidas y reduce los encadenamientos productivos internos. La discusión geoeconómica reciente es ilustrativa: mientras Estados Unidos consolida bases productivas oligopólicas y China ha sostenido buena parte de su dinamismo en un ecosistema amplio de MIPYMES, México no puede aspirar a un crecimiento sostenido si no coloca a estas empresas en el centro de su política industrial, financiera y territorial.
Sin crédito oportuno —con el refuerzo de la banca de desarrollo—, compras públicas estratégicas con garantía de pago, asistencia técnica, digitalización con mejora efectiva del acceso a internet y protección frente a prácticas desleales sustentadas en datos y no solo en relatos, la economía interna seguirá perdiendo densidad productiva, empleo y arraigo territorial.
Un segundo elemento que limita el diagnóstico es reducir el análisis de la seguridad a indicadores administrativos como los homicidios dolosos, sin incorporar lo que estos no capturan: la actuación y el impacto del crimen organizado en la economía y en los territorios. La reducción de homicidios puede coexistir con la fragmentación y expansión del crimen organizado, el aumento de territorios en disputa y la multiplicación de grupos criminales, como lo documenta la evidencia reciente. Esta evolución no solo refleja una recomposición del mapa criminal; revela también una capacidad de penetración territorial y social que se adapta a ciclos de crisis y estancamiento, y que se expresa en economías coercitivas basadas en extorsión, control territorial y captura institucional.
Esta dinámica tiene efectos económicos directos: se apropia del aparato estatal, encarece la inversión, erosiona cadenas productivas, debilita a las MIPYMES, frena el turismo en zonas afectadas y eleva de manera persistente el costo país, aun cuando los agregados macroeconómicos muestren aparente estabilidad. El crimen organizado mexicano es, además, un actor desestabilizador global cuya presencia trasnacional rebasa las fronteras nacionales y se expande cuando el crecimiento no aparece y las crisis económicas amplían su base social de reclutamiento.
A ello se suma un factor político y geopolítico que deteriora las perspectivas de 2026 y que no puede seguir tratándose como un asunto periférico. Las tensiones con el gobierno de Estados Unidos incluyen la declaratoria del crimen organizado mexicano como actor terrorista sin que se perciban soluciones de fondo; la aplicación de sanciones personales mediante el retiro de visas y amenazas de extradición a actores políticos mexicanos; y el uso de la coerción en materia de comercio exterior, en un contexto en el que el TMEC deja de ser un ancla institucional sólida, como advierte Werner.
En contraste, en el análisis de Llerenas para el que el tratado aparece como un instrumento fortalecido por la negociación reciente: si el año previo el debate se centraba en su posible inexistencia, hoy se discuten su naturaleza, alcance y condiciones de operación, lo que constituye una buena noticia para las empresas de ambos países, aunque en un contexto de presión bilateral constante.
A ello se agrega la incertidumbre jurídica derivada del tipo de reforma judicial adoptada, que genera dudas legítimas entre inversionistas y actores económicos. La combinación de presión bilateral, coerción selectiva y transformación del sistema judicial modifica las expectativas y los riesgos percibidos.
La inversión pública requiere, por su parte, un ordenamiento estratégico. Priorizar proyectos con rentabilidad social y productiva comprobable es indispensable para reconstruir encadenamientos locales, fortalecer territorios y aumentar la productividad.
La dispersión del gasto en proyectos con efectos multiplicadores limitados, cuestionados y sujetos a prácticas de corrupción, junto con la desinversión en capacidades estatales, reducen la capacidad del gobierno para enfrentar choques externos, atender desigualdades regionales y sostener el crecimiento en el mediano plazo, aun cuando México sea hoy la décimo quinta economía del mundo.
Existe, finalmente, una omisión inaceptable que debe destacarse y corregirse de manera explícita. En ambas conferencias, y de forma más marcada en la visión oficial, falta integrar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres como condición estructural del crecimiento y de la gobernanza. No se trata de un enfoque accesorio, sino de un factor productivo central. Su ausencia reduce productividad, recaudación y resiliencia, amplía las economías coercitivas y debilita los territorios. Sin sistemas de cuidados, salud y educación robustos, no hay crecimiento sostenido ni bienestar social.
La conclusión es clara e imperativa. México debe pasar del relato administrativo a una estrategia integral que cubra ámbitos económicos completos, incluya la igualdad sustantiva, fortalezca a las MIPYMES, incorpore sectores estratégicos como el turismo, reconozca los límites de los indicadores administrativos de seguridad incorporando la economía política del crimen organizado, ataque de fondo la corrupción y la impunidad y gestione con realismo el riesgo geopolítico y la incertidumbre jurídica.
Persistir en diagnósticos parciales no sólo limitará el crecimiento condicionado por factores no económicos; agravará el estancamiento, ampliará los territorios en disputa y elevará el costo país en 2026.
