Jacobo* ya no madruga. Sale a trabajar casi al mediodía, porque andar en la calle temprano es jugarle al valiente. El año pasado en estas fechas, antes de las 6 de la mañana ya había comprado su café, los materiales del día, y estaba listo para ganarse el pan a ras del sol abrasador de Arizona. El 2025 es muy distinto.

En sus muchos grupos de WhatsApp se corre el rumor: de madrugada los agentes de migración se estacionan en comercios como Home Depot, en supermercados, cafeterías, incluso junto a carretas donde venden los burritos… no hay lugar seguro, salir temprano es, dice el mexicano, muy peligroso.

Y no es el único. Las alertas se activan todos los días en esos chats donde decenas de jornaleros, albañiles, choferes, comerciantes y jardineros avisan dónde andan los “patas verdes”, como les dicen a los agentes migratorios. Yo soy parte de muchas de esas conversaciones y veo cómo se organizan para mantenerse alejados y protegidos, para salvaguardar a los más vulnerables.

El hielo, como también les dicen a los agentes de ICE, se pone cada vez más agresivos en sus encuentros. Lo confirman los números: de enero a junio de este año, las deportaciones aumentaron 33 por ciento en comparación con 2024. Más de 207 mil personas han sido removidas del país en lo que va del año, según el reporte semestral de ICE 2025.

En Arizona, las detenciones migratorias también incrementaron, pero en un 42 por ciento solo en la primera mitad de 2025. En seis meses, más de nueve mil personas fueron arrestadas en el estado, de acuerdo con cifras de TRAC Immigration, Syracuse University. Y no solo sucede en la frontera: los arrestos se dan en lugares tan comunes como estacionamientos, zonas de trabajo, apartamentos y paradas de tráfico.

Ir por el correo o revisar el buzón se ha convertido también en una ruleta rusa. Desde marzo, el Departamento de Justicia comenzó a reabrir más de 350 mil casos de inmigración que habían sido cerrados administrativamente, muchos de ellos bajo la política de “discrecionalidad procesal” implementada entre 2021 y 2023.

Para miles de personas, eso significaba poder vivir y trabajar dentro del país mientras su proceso avanzaba lentamente o quedaba en pausa indefinida. Ahora, una carta en el buzón puede traer citatorio con fecha para una nueva audiencia.

Conozco a tres familias que recibieron las notificaciones oficiales que los obligarán a volver a pelear su caso en una de las administraciones más antiinmigrantes de Estados Unidos. Tienen miedo. En algunos casos, los abogados que llevaron sus casos se han retirado, mudado o “desaparecido”. Para que alguien más tome sus expedientes, les dan cotizaciones de más de cinco mil dólares por persona sin garantizar ningún resultado. Y se quedan a la deriva.

Como ellos, son cientos. Según el American Immigration Council, más de 60 por ciento de personas en proceso de deportación no cuentan con representación legal a nivel nacional, y en Arizona la proporción puede llegar hasta 66 por ciento. Entre las personas detenidas en el estado, la ausencia de abogado supera 80 por ciento.

Pero deportar es un negocio. El presupuesto de ICE para 2025 rebasó los 9.2 mil millones de dólares, según el Departamento de Seguridad Nacional. El número de deportaciones es un justificador presupuestal clave. Arizona se mantiene entre los cinco estados prioritarios a nivel nacional para “acciones rápidas”. Aquí operan algunos de los acuerdos de colaboración más amplios del país, como el programa 287(g), especialmente en condados como Maricopa, permitiendo a las policías locales actuar como agentes migratorios.