Niñez indígena, crecer con raíces

Por J. Ivan Laloth Mena

La niñez indígena en México enfrenta una realidad de profunda desigualdad estructural que afecta su acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda y la seguridad social.

De acuerdo con la Constitución Mexicana, tenemos una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas (CPEUM, Art. 2). La misma Constitución instruye que la Federación, los estados y municipios deben establecer instituciones y determinar políticas para garantizar los derechos de las personas indígenas (CPEUM, Art. 2) en especial de la infancia, niñez y adolescencia.

A pesar de los avances legislativos y políticas públicas orientadas a mejorar su bienestar, impulsadas por el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, las brechas históricas continúan marcando su desarrollo y calidad de vida, entonces ¿cómo se encuentra el panorama actual? A continuación, algunos datos importantes que visibilizan la brecha en la que se encuentra la población indígena en México.

Más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes indígenas vive en pobreza, una cifra alarmante en comparación con la población no indígena, donde solo 1 de cada 13 personas está en la misma situación (CONEVAL, 2023).

En el grupo de edad de 3 a 17 años, 1 de cada 6 niñas, niños y adolescentes no asistían a la escuela, en la población indígena la proporción de quienes no asistían a la escuela se elevaba a casi 1 de cada 4 (INEGI, 2021).

En México, 1 de cada 13 mujeres adolescentes indígenas de 12 a 17 años estaban casadas y más de 1 de cada 26 eran madres (INEGI, 2021).

Entre 2016 y 2022 se ha ampliado la brecha en el acceso a derechos entre niñas, niños y adolescente indígenas y no indígenas del país, en términos de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, acceso a la educación, acceso a servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda y servicios básicos de la vivienda (CONEVAL, 2023).

50.1% de la población indígena de 3 a 17 años en México vivía en situación de pobreza extrema en 2022; esto correspondía a 780 mil niñas, niños y adolescentes indígenas, en contraste, el porcentaje de la población no indígena del mismo rango de edad que presentaba pobreza extrema a nivel nacional correspondía a 7.6%, una cifra 42.5 puntos inferior. Entre 2020 y 2022 la pobreza extrema en la población indígena de 3 a 17 años del país aumentó de 48.9% a 50.1%, un aumento de 2.5% (CONEVAL, 2016-2022)

Ante este panorama, la infancia y adolescencia indígena en México sigue enfrentando desafíos significativos que obstaculizan su desarrollo y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Aunque se han realizado esfuerzos desde el ámbito gubernamental e institucional, la situación continúa siendo desfavorable. En este contexto, la participación activa de la sociedad civil organizada en México representa un factor clave para contribuir a cerrar la brecha entre la población indígena y no indígena del país.

El Pacto por la Primera Infancia es un esfuerzo ciudadano que busca poner en el centro de la agenda pública los derechos de las niñas y los niños, impulsando su desarrollo integral mediante políticas enfocadas en salud, nutrición, educación, protección y bienestar. Esta labor se articula en torno a 12 Metas concretas que deben cumplirse hacia el año 2030, orientadas a garantizar sus derechos a la supervivencia, al desarrollo y a la protección.

Actualmente, el Pacto por la Primera Infancia cuenta con el respaldo de más de 500 instituciones y organizaciones de la sociedad civil, y ha logrado avances significativos en la construcción de entornos más justos y equitativos para la niñez en México. Uno de sus mayores logros ha sido la consolidación del colectivo, que se ha convertido en el más grande del país en temas de infancia, con una acción directa sobre la vida de 2.9 millones de niñas y niños. Además, ha impulsado compromisos políticos de alto nivel: la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, así como 16 gobiernos en el país, han firmado el Pacto y trabajan por el cumplimiento de las 12 Metas del Pacto.

Estos esfuerzos coordinados entre la sociedad civil y los gobiernos pueden traducirse en políticas públicas más inclusivas y eficaces, que contribuyan de forma paulatina pero sustancial a mejorar la calidad de vida de la población indígena en México. Para que estos avances sean sostenibles y justos, es fundamental que dichas políticas reconozcan y respeten la cultura, tradiciones, costumbres y cosmovisión de los pueblos indígenas como elementos centrales de su desarrollo.

En resumen, para que la niñez indígena sea verdaderamente visible y prioritaria en la agenda nacional, debemos impulsar tres acciones clave: políticas públicas culturalmente pertinentes, presupuestos con enfoque específico y una narrativa nacional que les reconozca y les dé voz. Solo así podremos construir un país donde el origen no determine las oportunidades, y cada niña y niño, sin excepción, pueda crecer con dignidad, equidad y esperanza, a fin de hacer de México el mejor lugar para nacer y crecer.

Gerente de Fondo para la Paz, Oaxaca; e integrante del colectivo Pacto por la Primera Infancia

@Pacto1aInfancia

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