Sin duda alguna uno de los cambios más importantes que se han hecho a la Constitución General de la República, ha sido el de la ampliación de los derechos de los ciudadanos y su categorización como derechos humanos. Ello ha permitido, no solo dar cumplimiento a los tratados internacionales en la materia, sino sobre todo, reafirmar la convicción democrática y el espíritu a favor de los derechos humanos de nuestro país.

El 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que sienta las bases para el establecimiento de un nuevo sistema de justicia penal en México. Su propósito es el de llevar a cabo una administración plena de la justicia conforme a lo que estipulan nuestras leyes. Al cabo del cumplimiento de un periodo de espera para su implementación en todo el país, el Presidente Peña Nieto aseguró que el Gobierno Federal tiene toda la disposición para acompañar la puesta en marcha de este modelo de justicia penal abierto, oral, transparente, que privilegia la conciliación sobre el castigo, respetuoso de los derechos humanos de inculpados y víctimas y que rompe la inercia del sistema anterior, pero sobre todo, el respeto a las garantías individuales de los ciudadanos y la búsqueda de la verdad.

Pongo énfasis en el principio de presunción de inocencia, porque al parecer ese simple enunciado tiene el poder de modificar toda la estructura, la organización y la lógica de funcionamiento de todo el sistema penal mexicano. El supuesto de que todo individuo es inocente hasta que se compruebe lo contrario, le da un giro de 180 grados al espíritu, a la forma de pensar, trabajar y a la eficacia del proceso de impartición de justicia en México. Esto es posible, porque ahora existe una muy clara separación entre quien acusa y quien juzga, esto es, entre el ministerio público y el juez, razón por la cual se le llama sistema penal acusatorio.

Pero no solo eso, ahora se pueden y deben diferenciar los delitos considerados como graves de otros que no lo son y gracias a ello, utilizar mecanismos alternativos para la resolución de controversias para aquellos delitos que no son del orden penal o que de plano no encontraron una solución durante el proceso de mediación. Con esto se propone llegar al esclarecimiento de los hechos delictivos, proteger a quien resulte inocente, terminar con la impunidad del culpable, esto es, que todo delito tenga un castigo ejemplar y un elemento adicional que es la reparación del daño a la víctima.

Los cambios constitucionales en la materia de justicia penal, pretenden mejorar el Sistema del mismo, salvaguardando los bienes jurídicos tutelados de las víctimas asignándoles un Asesor Jurídico, el cual podrá ser público o privado, pero como requisito obligatorio que impone las reformas es que cuente con Licenciatura en Derecho; otro cambio relevante es en torno al imputado, el cual podrá enfrentar el proceso en libertad dependiendo del hecho delictivo; asimismo el Estado mediante el nuevo Sistema Penal Acusatorio podrá garantizar los principios de derechos humanos y Constitucionales a los sujetos procesales.

Ello requiere de otra figura, el juez de control, quien se encargará fundamentalmente de acelerar el proceso de impartición de justicia y también deberá asegurar que se respeten los derechos humanos tanto de la víctima como del sujeto procesal. Todo eso impone un reto, pues el Ministerio Público deberá emitir las medidas cautelares y providencias necesarias a las víctimas, para protección y restitución de sus derechos afectados, ello bajo las nuevas disposiciones en el Sistema Penal Acusatorio.

Transparencia, conciliación, reparación del daño y el respeto de los derechos y garantías individuales, son los ejes en los cuales se funda este nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Un sistema moderno, justo, que termina con la impunidad y que pone a México a la par de muchos otros países con convicción democrática y comprometida con los derechos humanos.