Otra mascarada son las reformas aprobadas por el Senado de la República, que modifican 17 leyes secundarias para la igualdad.
Asusta que se haya creado un chipote a la ley, que el Congreso de la Ciudad de México llama violencia entre pareja (sic). Me parece todo muy grave.
Periodista. Editora de Género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.mx
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un paquete de reformas sobre violencia sexual contra las mujeres el pasado fin de semana. Las reformas —se aclara, incluyen la perspectiva de género—, en realidad serán un peligro para las víctimas.
En el primer caso escandaliza la torpeza de pretender que aumentar la pena de 2 a 4 años, o la multa, resolverá el abuso sexual, sin una cruzada de información y compromisos con el sistema educativo y políticas públicas diferenciadas.
Muy grave es dejar a la interpretación de los ministerios públicos cuándo una mujer violada o abusada dio su consentimiento; el perpetrador alegará siempre que ella consintió. La diputación capitalina aprobó a pesar de las opiniones expertas en contra y a tiempo. Estas reformas, aprobadas sin un plan realmente integral para atender la violencia contra las mujeres, son irresponsables.
Reformas a la mexicana, imitando la ley conocida en España como “Solo sí es sí”, una de las reformas más polémicas de 2022, porque se dejó libres a muchos violadores. En España se generaron tantas y tan graves protestas que fue necesario desecharlas.
La diputada Cecilia Vadillo Obregón, quien presentó el dictamen y defendió las reformas, dijo que es “relevante” la incorporación del consentimiento como elemento central del acto sexual y explicó que la ley reconoce que el consentimiento puede retirarse en cualquier momento y deja claro que el silencio no equivale a consentimiento (sic).
Evidentemente, este asunto generará polémica jurídica. Es mala la técnica y el fondo. Los abusos sexuales provienen generalmente del abuso de poder, donde la víctima o es forzada o es chantajeada, despedida o perseguida. Todas las personas medianamente informadas lo saben. Ahora quedarán miles de mujeres sin protección.
Las expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la OEA, advierten sobre la figura del consentimiento en casos de violencia sexual, entendida como la capacidad de las mujeres de indicar su voluntad de participar en el acto, puesto que ha sido usada habitualmente como mecanismo de exculpación de la responsabilidad penal del o los imputados de violencia sexual, así como para estigmatizar a la víctima.
El MESECVI llama a crear medidas integrales que permitan reconocer los elementos de desigualdad que desencadenan situaciones de violencia sexual y, sobre todo, conceptualizar el consentimiento que permita diferenciar entre una sexualidad libremente ejercida y un acto de violencia.
Estamos frente a una pila de palabras, de anuncios mediáticos, aprovechando que el común de las personas olvida que ya se ha legislado mucho —violencia familiar desde 1994—; que hoy se hace política y discursos, aunque estas acciones irreflexivas ponen jurídicamente en peligro a las mujeres. Las medidas integrales cuestan, por ello no se incluyen. No existe presupuesto.
Todas las reformas del Senado requieren dinero. Mientras, el PEF aprobado para 2026 recortó recursos a la seguridad, a los derechos humanos, a la salud sexual, a la violencia de género y a la igualdad, como se ha demostrado en los más variados análisis y en hechos. El presupuesto aprobado por el oficialismo y sus aliados fue muy polémico, tanto que casi llegó a la violencia.
Entonces tenemos muchas preguntas las mujeres. No se puede alardear de esta manera y hacer apresurados cambios jurídicos; no se puede admitir que ahora las abusadas resulten estereotipadas y sin justicia. En España hubo que dar atrás una legislación semejante. Veremos.
