Periodista, editora de género en la OEM y directora del portal informativo semmexico.mx
El Estado mexicano recibió numerosas sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violencia contra las mujeres y las niñas, así como recomendaciones de organismos internacionales por la impunidad y las acciones limitadas de los gobiernos para prevenir y atender feminicidio, tortura y violaciones sexuales. Hay casos con una historia de más de dos décadas. Apenas el lunes, 44 mujeres —de colectivas, madres de víctimas de feminicidio, académicas y defensoras de derechos humanos—, llamadas por la Presidencia de la Cámara de Diputados, dialogaron con la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, en visita no oficial.
La relatora escuchó cómo, en la política oficial de género, operó un cambio de timón que no favorecerá la vida de las mujeres ni detendrá la crisis humanitaria, ni hace caso de las recomendaciones de la señora Reem Alsalem. Ella considera que la industria de la prostitución, la pornografía y la gestación subrogada enmascaran prácticas nocivas, violatorias de la integridad y la dignidad de las mujeres; puso a discusión el enfoque sobre lo que se conoce como consentimiento en el abuso y la violencia sexual. Dice que existe coacción bajo el concepto de “libre elección”. Pidió políticas que impidan considerar la prostitución como un trabajo y eliminar el enfoque queer para la llamada “identidad de género”. Pero las autoridades mexicanas fomentan estas prácticas; en leyes están borrando a las mujeres y usan datos manipulados.
La relatora también insistió en que es obligación de México procurar justicia. Dijo, en sus informes oficiales, que el Estado mexicano tiene compromisos que pasa por alto, cuando su obligación de eliminar la violencia de género no solo es una meta: se necesitan medidas contundentes.
Por eso, este diálogo en el Congreso respondió a la demanda de las organizaciones de mujeres para lograr un verdadero diálogo con las autoridades. Por ejemplo, la Red de Alertistas, en la voz de Leticia Burgos, sostiene que la propuesta pública de diálogo que hizo en El Sol de México Citlalli Hernández es una engañifa. Contó que estuvo presente en la primera asamblea de mujeres promovida por la Secretaría de las Mujeres, en Cajeme, Sonora, donde hubo una reunión protocolaria en la que no se dialogó.
Por eso, la reunión con Reem Alsalem, de numerosas voces informadas y activas, fue más allá de los casos emblemáticos sentenciados por la Corte Interamericana, para plantear asuntos puntuales, como la indefinición del gobierno mexicano sobre el alquiler de vientres, la prostitución, la paralización de los trabajos de los grupos interdisciplinarios de 24 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres y el borrado de las mujeres en los cambios legislativos.
Se trata de un nuevo relato, un llamado enérgico por el cambio de la política para eliminar la violencia contra las mujeres y para eliminar diferencias del enfoque oficial, para realmente cambiar la vida de las mujeres, frenar la trata y las desapariciones, y cambiar la mentalidad de quienes operan la justicia.
Las participantes expresaron que es hora de una política pública, porque hasta ahora las tareas del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo buscan una movilización de mujeres con intereses partidarios y electorales, sin institucionalidad para cambios estructurales que eliminen la violencia de género. Ahora hay que esperar respuestas de la relatora.
Hasta ahora, México no ha respondido cabalmente al menos a 16 sentencias de la Corte Interamericana, hace poco caso a recomendaciones de fondo y no se han creado políticas capaces de mitigar las violencias contra las mujeres; usa sus medios para propaganda y no para el cambio cultural que abata la visión machista por una democrática. Veremos.
