Esa es la lección que, desde la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad, en conjunto con México Evalúa, encontramos en Querétaro a través del estudio “Aprender Parejo Querétaro. Lecciones de estrategia educativa a nivel estatal”. El objetivo del estudio es proponer políticas educativas orientadas a consolidar trayectorias escolares, construir ambientes educativos que fomenten mejores aprendizajes y vincular actores clave con una adecuada gobernanza.

Lo primero es aclarar que el caso de Querétaro no es un modelo perfecto ni una receta para copiar al pie de la letra. Es, eso sí, una experiencia que demuestra que la mejora educativa depende, no de alguna política insignia, sino de una arquitectura institucional capaz de sostener prioridades, coordinar actores, usar evidencia y alinear la educación con un proyecto más amplio de movilidad social y desarrollo económico. Pero entremos en materia:

Querétaro ocupa el segundo lugar nacional en grado de escolaridad, con 11.2 años. Su rezago educativo es de 14.5%, cuatro puntos por debajo del promedio nacional de 18.6%. Además, en tres años ha logrado reducir el abandono en bachillerato de 15.7% a 8.4%. El estado también ha sido reconocido como Territorio STEM+ por la Red Latinoamericana STEM. La razón de este reconocimiento es porque desde la primera infancia impulsa vocaciones científicas y tecnológicas, y conecta a estudiantes de bachillerato con sus pares en las universidades que ofrecen carreras de ciencia y tecnología.

Por el lado de los pendientes, el acceso a la educación preescolar en la entidad sigue siendo bajo, con una cobertura de 62%; y lo mismo pasa en el otro extremo: la educación superior todavía tiene margen de expansión, con una cobertura total de 45.6%. A ello se suman retos de articulación entre niveles educativos (secundaria con media superior, por ejemplo), así como la necesidad de hacer públicos los indicadores de avance y medir el impacto de la coordinación entre gobierno, academia y sector productivo. Pero es esta combinación entre logros y pendientes lo que vuelve especialmente valioso al caso Querétaro.

En un país donde muchas veces se improvisa sin evidencia, Querétaro muestra que evaluar sí puede servir para mejorar. Así, el gobierno estatal realiza un monitoreo de indicadores para sus 18 municipios, una evaluación anual de aprendizajes en bachilleratos y ha tenido la visión de convertir la política educativa en una tarea compartida entre gobierno, academia, sector privado y sociedad civil. A eso se le conoce como un enfoque de “triple hélice”. Esa lógica de coordinación no es un adorno discursivo, sino una práctica institucional. Gracias a ella, ha podido alinear necesidades del mercado laboral con el escenario educativo, ofrecer tutorías gratuitas a jóvenes y sostener programas fundamentales, incluso ante su desaparición en el ámbito federal.

Por ejemplo, con recursos estatales, mantiene el programa Contigo Escuelas de Tiempo Completo para cubrir la demanda de familias que se benefician de la jornada ampliada. Opera en 327 planteles y apoya a más de 26 mil estudiantes en los 18 municipios. En tiempos de recentralización política y debilitamiento de capacidades locales, esta decisión muestra que los estados pueden evitar que los vacíos federales se conviertan en retrocesos educativos.

Otra dimensión clave es la infraestructura. En México solemos discutirla como si sólo dependiera de presupuesto federal o estatal, mientras que Querétaro ensayó una vía distinta. Mediante la colaboración entre gobierno, empresas, familias y comunidad, se rehabilitan y equipan planteles educativos. Lo que comenzó en 30 escuelas de cuatro municipios, ya alcanzó a 174 planteles en 12 municipios con un beneficio para 20 mil estudiantes. Esta política pública —denominada Contigo en la Escuela— es una estrategia que busca recuperar la escuela como espacio comunitario y construir corresponsabilidad.

Querétaro también impulsó la discusión nacional sobre los límites del mundo digital en los espacios escolares con la Ley Kuri–Escuela Segura. Ésta plantea restricciones al uso de celulares y tabletas en horario de clases y regula el acceso a redes sociales para niñas, niños y adolescentes. Más allá del debate, este caso en específico muestra que las autoridades de gobierno tienen capacidad para intervenir en problemas emergentes.