por Susana Camacho y Diego Labougle
Susana Camacho es coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa; Diego Labougle es investigador senior en dicho programa.
La impunidad de los delitos en México ronda el 89 por ciento una vez que un caso es conocido por las instituciones de justicia. Es decir, de cada diez casos que ingresan al sistema, solo uno llega a una conclusión que podría calificarse como eficiente.
El pasado martes 17 de marzo, México Evalúa presentó dos herramientas que, por medio de la data, analizan el desempeño del sistema de justicia en nuestro país. El reporte Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024 y la plataforma interactiva Data Justicia. Ambas desmenuzan el camino que recorre una denuncia hasta sus múltiples formas de solución o estancamiento en el proceso penal. Los resultados que presentan son poco alentadores: la impunidad es la respuesta más constante del sistema.
Al indagar en fiscalías y tribunales por las causas de estos niveles de impunidad encontramos falta de capacitación, ausencia de canales de comunicación y de coordinación de las instituciones, deficiencia en la gestión de casos y falta de recursos.
Analizando en particular lo relacionado con la dotación de recursos de las fiscalías, las defensorías y los tribunales —que se puede consultar en Data Justicia—, identificamos que muchas de estas instituciones no cuentan con los recursos necesarios para operar debidamente. Es difícil exigirles un mejor desempeño simplemente porque no cuentan con lo mínimo para operar.
Imaginemos que la justicia está en la cima de una montaña y que las instituciones de justicia son los guías que nos van a llevar por el camino. El problema es que solo unos pocos guías están listos y tienen buen equipo de montaña, mientras que la mayoría están enfermos y su equipo está roto. Quienes tengan que subir la montaña con los guías indispuestos probablemente nunca llegarán a la cima o, si llegan, habrá sido una experiencia terrible.
Lo mismo pasa con las instituciones del sector justicia: algunas han estado abandonadas por años. Por más que los operadores trabajen horas extras, intenten optimizar procesos y logren avanzar unos pocos casos, no tienen posibilidad de generar buenos resultados.
Por ejemplo, en la plataforma Data Justicia se puede ver que, desde 2020, en México ni siquiera se llega a dos jueces penales por cada 100 mil habitantes. Incluso, cada año la tasa es más baja; tanto que en 2024 a nivel nacional se promediaron 1.1 jueces por esa misma cantidad de población. Si incluímos a todos los tipos de jueces (penales y de otras materias) esta proporción sube a 3.37. Como referencia, en Europa (donde los países generalmente tienen menor incidencia delictiva) el promedio en 2022 era de 21.9 jueces profesionales por cada 100 mil habitantes.
En Data Justicia también se puede ver cómo las cargas de trabajo de los jueces penales se cuadruplicaron entre 2019 y 2024. Pasaron de tener 121 causas por juez penal, a tener 449. De igual manera, se observa que los presupuestos ejercidos aumentaron solo de manera proporcional a la inflación entre 2019 y 2024 (lo que implica que realmente no hubo incremento significativo de recursos para las instituciones). En la misma plataforma, se evidencia que los salarios promedio son dispares entre estados e instituciones. Por ejemplo, de acuerdo con datos de los Censos de Procuración e Impartición de Justicia del Inegi, es mejor ser fiscal en un estado como Guanajuato con un ingreso promedio de 65,510 pesos, que serlo en Campeche, donde el salario media los 25,792 pesos.
La asignación de recursos es un elemento fundamental, medible y trazable que nos puede dar la guía para obtener mejores resultados en materia de justicia. Es indispensable transparentar si se está invirtiendo lo suficiente en las instituciones de justicia para que éstas generen los servicios y las respuestas que necesitamos.
