La trama por el arresto en Texas de Ismael “Mayo” Zambada y del “chapito” Joaquín Guzmán López derivará, sin duda, en un nueva narco-serie televisiva. El epílogo mostrará al fundador de la mafia criminal más importante del mundo entregándose a la justicia norteamericana acompañado de su ahijado, o siendo entregado en una traición. Como sea, lo que este episodio traerá a México confirmará que, a veces, la cruda realidad supera a la ficción.

Quizá el fentanilo haya sido el punto de quiebre. Es incongruente esperar que las potencias de Occidente estén imponiendo, a un altísimo costo, un nuevo orden económico para bloquear a China -lo que nos ha traído el nearshoring-, y no ocurra nada con los cárteles mexicanos que elaboran con precursores chinos la droga que cada año mata a más de 100 mil personas en ciudades al norte de nuestra frontera.

Es posible que Estados Unidos haya decidido impulsar un nuevo marco para el flujo de drogas ilegales a través de México -suprimirlo sería una ilusión, por su enorme demanda doméstica-, desmantelando en principio al cártel Sinaloa, con el que la administración López Obrador sostuvo una dinámica de transigencia (de algún modo hay que llamarlo) en busca, extraoficialmente, de reducir la violencia criminal en el país -si dejamos de lado los alegatos filtrados por la DEA sobre aportaciones de las mafias a las campañas electorales del oficialismo.

La crisis por el caso de “El Mayo” y su sobrino desnudó un patrón de desdén y desconfianza por parte de Washington hacia el gobierno López Obrador y el pasmo de éste como respuesta. La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó, tras 24 horas de los hechos, haber recibido informes del embajador norteamericano Ken Salazar horas después que el episodio en Texas había concluido, y que el Presidente fue enteró todavía más tarde.

Rodríguez misma aceptó que cuando lo informó a los secretarios de la Defensa de Marina, respectivamente Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, ambos le dijeron estar enterados ya por sus propios conductos. Y ofreció un reporte, de origen confuso, sobre un avión que habría trasladado a Zambada y a Guzmán López, resbalando incluso al dar nombres de presuntos implicados, lo que por la noche se demostró como falso.

Esa fue una mañana de pesadilla para los funcionarios mexicanos implicados. Pero puede no ser la última en caso de que la justicia norteamericana decida esperar al término de la presente administración para empezar a hacer preguntas a algunos de sus funcionarios clave, a la luz de los testimonios que ya ha recabado de varios testigos protegidos.

Debe asumirse que Ismael “Mayo” Zambada recorrerá el mismo camino de su hijo, Vicente “Vicentillo” Zambada Niebla, detenido en marzo de 2009 en un exclusivo barrio al sur de la ciudad de México. Bajo presión de Estados Unidos, fue extraditado en 2010. En 2019 se le sentenció a 15 años de prisión, pero en 2021 fue liberado bajo la categoría de testigo protegido. Se sabe que viaja usualmente entre Estados Unidos y países de Europa.

Joaquín Guzmán López fue trasladado el mismo día de su arresto a Chicago, ciudad sede del penal donde estaba recluido su hermano Ovidio de los mismos apellidos, detenido en México en enero de 2023 y extraditado apenas ocho meses después. Fue cambiado de penal (¿en forma coincidente o según acuerdo?) apenas a dos días de los hechos.