La evolución de los acontecimientos recientes parece tener acorralado al empresario Ricardo Salinas Pliego. Reclamos fiscales arrastrados por casi 20 años, señalamientos de lavado de dinero y asfixia financiera sobre alguna de sus compañías han llevado a los consejeros jurídicos y financieros del controvertido magnate a ponderar si, para tranquilizar las aguas, debe hacerse a un lado en el manejo de su corporación -Grupo Salinas-, e incluso abandonar el país.

Testimonios de actores cercanos al curso de la crisis generada por Salinas Pliego al colocarse en las antípodas del gobierno de Claudia Sheinbaum, señalan que las puertas de Palacio son ya inalcanzables para el propietario de Televisión Azteca, que durante casi un año ha sumado acres posicionamientos personales con transmisiones televisivas plagadas de denuncias y frecuentes insultos contra la Presidenta, lo que en conjunto habría causado en ella una patente indignación.

Los adeudos fiscales con los que carga el empresario escalan con cada resolución de la Corte en su contra y abren en sí mismos escenarios complejos para ambas partes. En el caso de un embargo de activos, el gobierno ha descartado en principio afectar la cadena de tiendas Elektra, que según las fuentes consultadas operan en locales arrendados, venden artículos bajo consignación que eventualmente pagan con créditos otorgados por Banco Azteca. La incautación de esas tiendas afectaría inevitablemente a las familias de escasos recursos que compran ahí electrodomésticos, pese a los altos intereses que se les imponen.

El debate sobre los impuestos de Grupo Salinas, litigados desde el gobierno Fox (2000-2006), no se agudizó sino hasta la administración López Obrador, cuando por órdenes de éste se abrió una mesa de negociaciones que condujo el otrora procurador fiscal Félix Arturo Medina. Los testimonios recogidos revelan que el entonces mandatario ajustaba la cifra exigible en forma discrecional, pero que eventualmente se estableció un acuerdo por escrito cuya existencia Salinas Pliego ha alegado desde inicios del actual gobierno, sugiriendo que Medina lo firmó. Éste lo ha negado públicamente. 

Otro frente del conflicto, poco conocido, es la quiebra de un brazo del Grupo Salinas que incursionó en desde 2013 en el negocio del petróleo, como proveedor de Pemex en la reparación y otros servicios de plataformas marinas. Se trata de la compañía “Typhoon Offshore”, que conduce Benjamín Salinas Sada, hijo del magnate. El virtual cierre de la compañía arrastra pérdidas estimadas en 800 millones de dólares.

Por sobre todo ello, la inesperada acción contra 13 casinos en México, dos de ellos del Grupo Salinas, bajo acusaciones de lavado de dinero, presumiblemente sólidas, se ha convertido en el flanco más débil y peligroso para la causa de Salinas Pliego. Un flanco que lo puede obligar a rendirse. O a intentar acciones desesperadas, como soltar en la mesa una bomba con revelaciones de sus tratos con el poder, en particular con López Obrador. Una historia enterrada por 20 años. 

Si las cosas no se mueven nuevamente, el gobierno Sheinbaum y Morena permitirán que el Partido Verde ponga sus siglas a disposición del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, para que imponga a su esposa, la senadora Ruth González, como candidata a la gubernatura en 2027. Para redondear, Morena lanzaría una postulación de paja. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a quien se ha mencionado como precandidata, tomó ya nota de que permanecerá en puesto, quizá pendiente de otra posición en la segunda parte del sexenio. Por sus características, se tratará no sólo de una bofetada al reclamo contra el nepotismo, sino de su derrota absoluta.