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El discurso de varios de los pertenecientes al actual partido en el gobierno emite una fuerte responsabilidad a los anteriores. Aun así y a pesar de ello, sabemos que la corrupción no es endémica a un partido político. La impunidad, por su parte, se ha mostrado aliada de ellos.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un paso importante para desmentir estos supuestos. La corrupción ha sido la constante en México al encubrir a altos funcionarios y no tan altos, de tantas hazañas.
La reciente detención de Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser líder de una organización criminal y ex secretario de seguridad de Tabasco durante el gobierno de uno de los morenistas de primera línea, Adán Augusto López,no es simplemente ser un expediente judicial más. Esto, no solo por las hazañas y las artimañas que haya desarrollado, sino por el golpe simbólico y político que se llevó a cabo desde las entrañas del poder, en contra de la impunidad, que parecía intocable.
Que un exfuncionario de alto nivel, ligado además al círculo morenista de uno de los aspirantes presidenciales más visibles en los últimos años, enfrente a la justicia, significa que el discurso anticorrupción se enfrenta también, a una realidad pocas veces vista. No hay peor escenario que la “lucha contra la corrupción selectiva” que solamente alcanza a adversarios políticos o a personajes prescindibles en el tablero político.
La corrupción en México no ha sobrevivido por falta de leyes o instituciones sino por la aplicación parcial de éstas. Un Estado que castiga con severidad al ciudadano común, pero protege al poderoso no solo perpetúa la injusticia, pero también alimenta la desesperanza, la desconfianza y el rencor social.
La detención de Bermúdez Requena es disruptiva. ¿Será que es un acto aislado o viene un cambio más profundo? La impunidad podría dejar de ser el piloto automático y es una esperanza que se siente tras actos como éstos. Esperanza de un tan ansiado cambio, de un país donde la justicia no dependa del color del partido político, donde los expedientes no se archiven por pertenecer a éste y donde, por fin, los ciudadanos podamos creer que la ley protege a todos por igual.
Si el objetivo realmente es descarrilar el tren de la impunidad, no bastará enjuiciar a algunos nombres sonados, será necesario garantizar procesos judiciales sólidos. Solo entonces podemos comenzar a hablar de un país más justo y más seguro.
La regla tiene que ser la transparencia. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado un paso en un caso con muchos elementos extraordinarios que podría marcar un parteaguas: un episodio capaz de impulsar un país menos corrupto, más justo y más seguro, donde los crímenes se castigan y los logros se celebran. Falta ver si el gobierno está dispuesto a seguir por este camino y si podremos seguir celebrando dichos logros.