ASF detecta irregularidades en siete universidades con conflictos

Montserrat Maldonado

Tan solo estas universidades concentran un monto de 417 millones 172 mil 110 pesos, es decir, el 15.68 por ciento del total. 

Detalle de las auditorías

La Universidad Autónoma de Campeche es la institución con el monto más grande ya que no pudo aclarar el destino de 232 millones 127 mil pesos. 

A inicios de 2026, el Consejo General de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) destituyó durante la madrugada al entonces rector, José Alberto Abud Flores, quien fue detenido por posesión simple de estupefacientes. 

De acuerdo con los trabajadores, la protesta fue para exigir que los profesores universitarios accedieran a mejores prestaciones y reconocimientos por su formación académica. 

Además, se destaca que la Universidad no acreditó que el dinero fuera pagado a beneficiarios jubilados y pensionados. 

También se menciona de un probable daño por tres millones 153 mil 419.76 pesos por realizar pagos a siete trabajadores que no cumplieron con los requisitos del puesto que desempeñaron. 

Otra institución con irregularidades es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca la cual no aclaró el destino de 103 millones 185 mil pesos. 

La UABJO, al igual que otras universidades públicas, enfrenta presiones por revisiones salariales y demandas laborales, lo que ha derivado en paros y negociaciones.

Entre sus principales demandas se encuentran el incremento salarial, apoyos vinculados a la canasta básica, basificación y mejoras en condiciones laborales.

Ante ello, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) no descartó el estallamiento de una huelga en caso de no recibir respuestas satisfactorias.

La ASF reporta un probable daño por 101 millones 932 mil 183.57 pesos por realizar pagos a dos proveedores adjudicados para la prestación de los servicios de subcontratación de personal.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa no aclaró el destino de 57 millones 288 mil pesos.

La Auditoría resalta que el pago fue bajo el concepto de “Conservación y mantenimiento menor de inmuebles”, el cual no se encontró autorizado en el Anexo de ejecución. 

Mientras que la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) tuvo irregularidades por 12 millones 186 mil 80 pesos. 

En esta escuela, en 2025 se tomaron las instalaciones por más de 100 días, tras señalar inconformidades con la sucesión en la rectoría. 

El año pasado, los alumnos señalaron que la sucesión de la rectoría era un proceso plagado de irregularidades.

De acuerdo con lo señalado en la Auditoría, el probable daño fue por no proporcionar la documentación que acreditara el cumplimiento del “Servicio de elementos de seguridad privada” que pagó la universidad. 

En quinto lugar se encuentra la Universidad Veracruzana por no aclarar un total de cuatro millones 359 mil pesos. 

Por su parte, la Universidad de Sonora tiene que aclarar el destino de cuatro millones 31 mil pesos. 

La ASF destaca que un total de tres millones 759 mil 175.91 pesos presuntamente fueron destinados al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, sin embargo, no se presentó la documentación que lo acreditara. 

En mayo de 2024 y tras un mes de paro, el Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUS) de la Universidad de Sonora, dio por concluída la huelga que comenzó desde el 15 de abril.

De acuerdo con la Universidad de Sonora, el sindicato aceptó la propuesta de un incremento y ajuste salarial de 9.11%, y en cuanto a prestaciones, además de 2% considerado en la política salarial, se brindó un 4.49% adicional.

Por último, se menciona que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no aclaró el destino de tres millones 996 mil 30 pesos. 

Para noviembre de 2024, trabajadores del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) se declararon en paro laboral para exigir que se nivele el sueldo de quienes ganan menos del salario mínimo.

En ese momento se dijo que casi mil trabajadoras y trabajadores ganaban menos del salario mínimo que establece la Ley Federal del Trabajo.