Buscan moldear el Poder Judicial a los ejes de la 4T

En un hecho sin precedente, los titulares de los Poderes de la Unión pactaron iniciar la discusión de la reforma constitucional al sistema judicial, cuyo eje es alinear las leyes y normas que rigen su operatividad con los principios de la Cuarta Transformación de combatir la corrupción y la impunidad.

Al defender el papel de los juzgadores como garantes de la estabilidad democrática, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que “estamos en un momento social y político propicio para una reforma que fortalezca al Poder Judicial”.

Para ello, se han delineado iniciativas en el Congreso de la Unión que han causado polémica entre la comunidad jurídica por tocar temas como ajustar el funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), frenar el nepotismo, la remoción, sanciones y adscripción de jueces federales, así como la austeridad, paridad de género, rotación de jueces y la transparencia en sus sentencias.

“Tengo la confianza en que el resultado de esta colaboración de Poderes será una reforma de Estado que dará cauces a las exigencias de justicia del pueblo de México”, dijo el ministro Zaldívar al tiempo de reconocer que la ciudadanía los ve ajenos a la realidad y como un grupo que sólo defiende privilegios.

“Los jueces federales y particularmente los jueces constitucionales somos pilar esencial de una sociedad libre y democrática. El fortalecimiento de la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación y, particularmente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es indispensable en un Estado constitucional y democrático de derecho”, aseveró durante la mesa de trabajo para una “Reforma con y para el Poder Judicial’’.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, atizó la crítica a los juzgadores al reprocharles que “en momentos cruciales, no estuvieron a la altura de las responsabilidades y competencias que les correspondían como garantes del respeto y la protección de los derechos humanos y de la democracia formal”.

En el evento también participó el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien señaló que el Poder Judicial enfrenta grandes retos que evidencian la necesidad de revisar el sistema de justicia y realizar cambios al interior; mientas que estimó que esta transformación no se podrá concretar si no se refuerza la independencia, calidad y el profesionalismo del propio Poder.

Consideró que un adecuado acceso a la justicia y mecanismos eficientes de solución de conflictos generan incentivos para que los derechos elementales se protejan y produzcan consecuencias para quienes transgreden los derechos de otros, por lo que dijo, que generar estos mecanismos contribuirá a reducir la impunidad y la corrupción, a mejorar la capacidad del Estado de impartir justicia, así como alcanzar la igualdad y la paz social.

Dentro de estas reformas, trasciende la intención del gobierno federal por generar un Código Penal Único, como planteó el PRI en San Lázaro el pasado mes de mayo y que dé como resultado una norma homologada, con aplicación en todo el territorio nacional y que garantice un trato idéntico a las mismas conductas punibles.

Scherer Ibarra también enmarcó regular las leyes generales sobre tipos penales especiales para prevenir y sancionar delitos como: secuestro, desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, delincuencia organizada, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas, degradantes y delitos electorales.

En ella, apuntó que se establecerá la regulación en materia de capacitación de los policías como primeros respondientes; la obligación de los policías, analistas, peritos y demás personal de las procuradurías o fiscalías locales y de la Federación, de prestar auxilio al ministerio público, para la investigación de hechos constitutivos de delitos.

“En el mismo sentido, propondremos para su reforma a este Congreso, la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para dar facultades a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para fijar criterios y emitir lineamientos de actuación que faciliten y mejoren la consignación de las carpetas de investigación, en plena observancia de la autonomía de los agentes del ministerio público”, añadió.