Criminales poseen un sofisticado armamento, refleja potencial

Segunda y última parte Solo hay que revisar el arsenal en manos de los delincuentes en México, para aterrarse: armas tipo cohete, antitanque de los tipos M72 y AT-4, lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL calibre 37mm, aditamentos lanzagranadas calibres 37 y 40 milímetros, granadas de 37 y 40 milímetros, granadas de fragmentación, fusiles Barret calibre .50, subametralladoras y pistolas FN Herstal de fabricación Belga, conocida como Five-Seven.

Así lo ha señalado la Procuraduría General de la República sobre el armamento con características especiales como su potencialidad, alcance, penetración y volumen de fuego, que les ha sido asegurado a la delincuencia organizada, de acuerdo al planteamiento del investigador parlamentario Jesús González Rodríguez, dado a conocer en su trabajo “Tráfico de Armas, Entorno, propuestas legislativas y opinión pública”.

Por ejemplo, entre los múltiples decomisos realizados por el Ejército, en septiembre pasado, en Sinaloa, incautó 5 armas largas, entre ellas un Barret calibre 50 milímetros, tres AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, un Ruger mini 14 calibre .223 milímetros, todos con sus respectivos cargadores desabastecidos, entre otras armas.

El analista, en su estudio puntualiza lo que han señalado varios especialistas, que las armas descubiertas en operativos contra capos de la droga en México, son un ejemplo del floreciente mercado negro de armas pequeñas y ligeras, dominado por poderosas redes del narcotráfico en el país.

“Lo anterior en virtud de que los cárteles del narco mexicano perciben miles de millones de dólares, gracias al tráfico de drogas y figuran entre los grupos civiles armados más prósperos del mundo. Existe coincidencia en señalar que los arsenales creados gracias a estos fondos son considerables, aunque su composición y sus fuentes de abastecimiento son objeto de controversia, llegando a cuestionarse si actualmente los cárteles mexicanos cuentan realmente con la riqueza y la fuerza militar equiparable a la del Estado, como lo afirman algunos y si gracias a su riqueza estos grupos pueden tener acceso a todo tipo de armas disponibles en el mercado negro, además prevalece la controversia sobre si existen diferencias entre el tipo de las armas adquiridas por los cárteles de México -cuyo objetivo es únicamente el lucro- y las armas adquiridas por grupos de otros países, cuyas motivaciones y ambiciones son más bien ideológicas o políticas”. ECUACIÓN: MÁS ARMAS, MÁS MUERTOS

“En el caso de México, algunos cálculos indican que desde 2006 más de 60 mil personas han muerto víctimas de la violencia relacionada con las drogas. Como factor detonante de esta violencia, el tráfico de armas ha jugado un papel importante, ya que el 70 por ciento de las armas recuperadas en México y que habían sido objeto de rastreo e investigación en el periodo 2007 y 2011 provino de Estados Unidos. Las razones de lo anterior son obvias ya que es casi imposible comprar legalmente un arma en México, pero hay más de ocho mil comerciantes de armas en los Estados fronterizos de Estados Unidos y los cárteles mexicanos de la droga pueden adquirir fácilmente armas de fuego en aquel país, a través de testaferros o en ferias de armas”.

“Las anteriores afirmaciones se han efectuado por conducto de la Washington Office in América Latina (WOLA), organización que ha señalado que los traficantes de armas intentaron contrabandear alrededor de 250 mil armas hacia México entre 2010 y 2012 y que, de ese arsenal, solo alrededor del 15 por ciento fue interceptado. Igualmente, la institución señalada, refiere que los ciudadanos estadunidenses también han sido víctimas de la violencia en México y cita al Departamento de Estado de aquella nación, quien ha estimado en más de 100 a los ciudadanos estadunidenses que fueron asesinados en México solamente en 2011.”

Una de las formas de identificar esas repercusiones, es revisar los datos de los delitos cometidos con armas de fuego que fueron objeto de un proceso penal en nuestro país, considera y acto seguido, ilustra que durante 2011 los Estados de Baja California, Jalisco, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, el Estado de México y el Distrito Federal, fueron las entidades que registraron cantidades más altas de delitos cometidos con armas de fuego a nivel nacional. De acuerdo con los datos contenidos en las “Estadísticas judiciales en materia penal de los Estados Unidos Mexicanos 2011”, a nivel nacional los delitos en referencia ascendieron a más de once mil solo en el lapso anotado.

Además, los Estados con mayores porcentajes de ilícitos cometidos con armas son, el Estado de México, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Sinaloa, cuyos indicadores en dicho rubro fluctúan entre el 46 por ciento y el 70 por ciento, mientras que la media nacional se sitúa en 50.2 por ciento.

También da a conocer la cantidad de muertes violentas a nivel nacional entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2014, periodo en el que, de acuerdo con una investigación periodística se contabilizaron en el país 41 mil 015 homicidios dolosos, cifra que, asegura, “incluye las ejecuciones, enfrentamientos, homicidios, agresiones, homicidios dolosos, producto del narcomenudeo y los asesinatos intencionales cometidos con arma de fuego de alto calibre o con el tiro de gracia”. INIMAGINABLES LOS

“Se han alcanzado niveles de violencia nunca antes vistos en nuestro país como desmembrados, decapitados, personas colgadas en puentes, bombazos en plazas públicas, en medio de festejos nacionales o incendios de comercios, como manifestación de la extorsión presencial y desde luego, el gasto de miles de millones de pesos destinados a seguridad y justicia, que no se pudieron usar para generar estrategias de educación para la población, ni para hacerlos más competitivos o para brindarles mejores servicios”.

Hasta 30 años de prisión podrían enfrentar quienes porten armas de uso exclusivo del Ejército, una vez que fueron reformados los artículos 160, 162 y 163 del capítulo III del Código Penal Federal, que establecen las penas para quien porte, fabrique, importe o acopie, sin un fin lícito. Por la portación serían 15 años.