¿Qué los habrá hecho cambiar de opinión?
Tómelo usted con las reservas del caso, como se dice de manera coloquial, pero puede ser que ese Caballero López no sea el perfil que se deseaba desde Casa Aguayo para sustituir a Patjane.
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Que le cumplan.
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Así es como respondió a las enésimas críticas de los empresarios, que no paran de quejarse de la competencia desleal, incluso, o con más énfasis, en la pandemia.
Habrá que darle el beneficio de la duda.
La llegada de un presidente municipal a Tehuacán parece haber motivado a los diputados locales emanados de la coalición Juntos Haremos Historia a concretar con urgencia la destitución de todos los integrantes del Cabildo, con el fin de colocar en las principales posiciones de mando, pero sobre todo en la silla principal del ayuntamiento, a quienes convenga a sus intereses.
Durante siete meses, después de la aprehensión de Felipe Patjane Martínez en el aeropuerto de la capital del país, el Congreso del Estado, de mayoría morenista, se mantuvo solo expectante e incluso negligente ante la falta de cabeza en el gobierno municipal de Tehuacán.
Los legisladores de ese partido y sus aliados hacían como que volteaban a ver lo que ocurría por allá y deslizaban estrategias a seguir, pero en los hechos no realizaban nada, mientras la crisis en el segundo municipio más grande –y más importante—de la entidad se agravaba.
Eso cambió una vez que Andrés Artemio Caballero López hizo valer sus derechos políticos como presidente municipal suplente, presentó una denuncia ante las instancias correspondientes y obtuvo el aval para rendir protesta en el mismo Cabildo que los diputados quieren tirar.
Esa es la única explicación lógica frente a la rapidez con que decidieron actuar los diputados, que ayer mismo mandaron sus actuarios a Tehuacán para notificar del proceso en su contra a los 12 regidores, la síndico Laura Virginia Gallegos y al recién nombrado edil suplente.
La señora Elia Tamayo tiene toda la razón, y parece que, en estos seis años, a partir del homicidio de su hijo José Luis Tehuatlie en el municipio de Chalchihuapan, en medio de una protesta de pobladores de esa comunidad que terminó siendo reprimida por el gobierno del estado sobre la autopista Puebla-Atlixco, ha aprendido a conocer bien a los políticos.
La madre del menor muerto esa tarde de 9 de julio de 2014 reaccionó una vez que el gobernador Miguel Barbosa declaró en su conferencia de prensa mañanera que había decidido reabrir el caso Chalchihuapan para castigar a los responsables del asesinato (a los que queden vivos, pues, porque dos de los involucrados en la polémica ya no se encuentran en la tierra de los vivos: Rafael Moreno Valle y Luis Maldonado Venegas).
“Que no sea un anuncio porque hoy se cumplen 6 años de su muerte; que no se convierta en un asunto político. Si el gobernador ya dijo que se abrirá el caso de mi hijo que no solo sean palabras y que lo cumpla”, expuso, como quien sabe, porque en los últimos seis años así lo ha visto, que los políticos suelen ser unos en el discurso y otros en la realidad.
Elia Tamayo, por supuesto, exigió castigar a los que siguen vivos: Víctor Carrancá, Facundo Rosas y Adolfo López Badillo, por aquel entonces procurador de justicia, secretario de seguridad pública y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, respectivamente.
El secretario de Gobernación de la administración municipal, René Sánchez Galindo, insiste en asegurar que a la Comuna no le interesa proteger ni fomentar el ambulantaje, mucho menos en el centro histórico, y como presunta prueba de sus palabras dio a conocer que el ayuntamiento ha presentado 58 denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) contra comerciantes informales que tienen una asociación delictuosa en el primer cuadro de la ciudad.
