Una de estas pocas advertencias emana del estudio denominado El proceso de gentrificación en el Centro Histórico de Puebla, elaborado por ¡la Universidad de Guadalajara! a través de dos de sus investigadores.

La RAE define la gentrificación como el “proceso de renovación de una zona urbana, generalmente popular o deteriorada, que implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo”.

En el caso de Puebla las consecuencias quedan claras desde las cifras demográficas.

¡Ya hay un desplazamiento de población!

Aquí es donde entran el gobierno del estado y la administración municipal de Puebla.

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En dos años, directivos de ese centro universitario acudieron 11 veces para hacer el trámite, sin conseguir la autorización, lo que ha ocasionado que al día de hoy haya 54 estudiantes inscritos en la incertidumbre.

La universidad no es libre de culpa.

Sus directivos no debieron permitir la inscripción de nuevos alumnos sin contar con el RVOE, así que no se pueden deslindar del problema. Ellos son los primeros responsables.

Otro ente que debería involucrarse es la SEP estatal.

En efecto, aunque nada tenga que ver legal y técnicamente con esos permisos, la dependencia a cargo de Manuel Viveros Narciso debería estar pendiente de que estos conflictos no se generen en Puebla.

Que los permisos se gestionen en otra oficina no libera a la secretaría estatal de coadyuvar en la solución de problemas.

Y hasta ahora se ha mantenido al margen.