Sabíamos, intuíamos sin tener datos oficiales a la mano, que eso no había ocurrido.

Y no nos equivocamos.

De las 23 mil 734 unidades del transporte público urbano de pasajeros que habían realizado el proceso de la revista vehicular hasta la semana pasada, solo 9 mil 600, 40.4 por ciento, contaban con cámaras de videovigilancia.

La secretaria fue honesta: “No quiero decirles mentiras, hay 9 mil 600 cámaras, ¿funcionando?, no, no puedo decirles mentiras. Primero matamos el pollo y después hacemos el caldo. Si no tenemos unidades menos vamos a tener cámaras”.

Consciente del significado de sus palabras, Silvia Tanús dijo que este pendiente se resolverá conforme avance el programa de modernización.

Qué bueno que lo haga.

Deseamos que esta vez sea cierto.

Pero también esperaríamos que alguien pague por las omisiones.

Se lanzó un programa al que se destinaron recursos públicos y con el que se hizo un negocio millonario, sin concretar un solo resultado positivo para los miles de usuarios del transporte público.

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De acuerdo con el reporte, la mayoría de los robos se concentró en el municipio de Puebla, el de mayor densidad, con el 90.8 por ciento de los casos.

Las cifras no han dejado de subir desde el año 2020, cuando la presencia del coronavirus en el mundo frenó la vida social y con ello también los hechos delictivos.

Cada día se cometen entre cuatro y cinco robos, algunos de ellos con violencia, en unidades del transporte público, viejos cacharros con ruedas vulnerables ante el crimen.