Ya no se metan de Uber

El pasado 03 de diciembre la presidenta de la república Claudia Sheinbaum, envío a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el objeto de regular las relaciones “laborales” (si se me permite la expresión) entre las plataformas digitales y las personas que las aprovechan para generar ingresos como conductores y repartidores.

Fundamentalmente, la iniciativa justifica la reforma en que “las plataformas digitales han rezagado los derechos de muchos trabajadores, por ello, se hace necesario incorporarlos a un régimen de derechos sociales, garantías laborales, salud y vivienda”. Es decir, materializar para aquellos, lo que no es posible para 66 millones de personas (53% de la población): la seguridad social.

Con la mayoría calificada que ostenta Morena y aliados tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, la iniciativa se convertirá en Ley para finales de diciembre, no obstante, y tratándose de un tema público, avenirse de preguntas endulza nuestra arena, para empezar, ¿Los conductores y repartidores realmente necesitan la reforma? ¿Por qué los conductores de Uber o Didi no pensaron primero en ser taxistas?

Las respuestas se pueden dar considerando tres aspectos. El primero, es que las plataformas digitales brindan a las personas trabajadoras oportunidades para laborar desde cualquier ubicación e incluso aceptar o no servicios; el segundo, es que no hay barreras para emplearse como chofer o repartidor, como la edad o los antecedentes penales; y el tercero, y no menos importante, está asociado a la enorme flexibilidad de horario con la que cuentan las personas que se emplean en las plataformas digitales.

Es por lo anterior, que el trabajo en plataformas digitales ha aumentado en los últimos años, según un estudio publicado por la consultora Buendía & Márquez, al término del 2023, aproximadamente 2.5 millones de personas generaron ingresos al prestar servicios de transporte o entrega desde las plataformas. Y es importante resaltar que para un sector importante de ellos, las plataformas digitales representan un complemento de sus ingresos. Bien he conocido profesionistas o estudiantes que capitalizan sus trayectos o ratos libres en las herramientas tecnológicas.

Por eso, la propuesta puede frenar el provecho que millones de personas sacan del desarrollo tecnológico. Pues, entre otras cosas, la presidenta propone prohibir a quienes no cuentan con vehículo propio trabajar en las plataformas, además, impone la obligación de generar por lo menos $7,648.00 (siete mil seiscientos cuarenta y ocho pesos) mensuales para tener derecho a la promesa de la seguridad social.

También, exige a las empresas que pongan a disposición de los trabajadores mecanismos para la atención y revisión de decisiones que afecten o interrumpan la conexión, vinculación o acceso a la herramienta tecnológica, y que dichos mecanismos sean gestionados por personal con autonomía y no por algoritmos o instrumentos similares. Esto último es sumamente sugerente, pues, se asoma un debate de tipo existencial en cuanto a la capacidad que tendrá la inteligencia artificial en disensos legales en el futuro inmediato.

Por ejemplo, ¿Qué nos hace pensar que una persona puede ser capaz de guardar mayor fidelidad a la imparcialidad que una máquina? ¿No vivimos acaso cuidándonos de los delincuentes, pero también de los policías? Asumir que las máquinas pueden estar manipuladas por intereses ajenos a la justicia simplemente es una paradoja o un chiste de mal gusto en un país como el nuestro.

¿Quién nos va a cuidar del gobierno? Sí, del gobierno, y su infinita capacidad meterse donde no lo llaman. En breve, trataremos al desarrollo tecnológico como una amenaza y a los que le sacan tajadas de provecho como apátridas que deben preocuparse por pagar impuestos antes que en comer.

Ya no se metan de Uber.

Las opiniones vertidas en este artículo son responsabilidad de quien las emite y no de esta casa editorial. Aquí se respeta la libertad de expresión