De nueva cuenta, Sinaloa es testigo de cómo un servidor público vulnera la ética, la legalidad y la confianza ciudadana al permitirse lujos pagados con recursos públicos. Una vez más, la persecución de la corrupción queda reducida a un discurso retórico, lejos de traducirse en acciones contundentes que realmente inhiban estas prácticas.

Guadalupe Ramírez Zepeda, secretaria de Transparencia en Sinaloa, dejó de estar bajo investigación por parte de la Auditoría Superior del Estado tras solventar observaciones relacionadas con excesos en el ejercicio del gasto público. El expediente se dio por concluido luego del pago de 150 mil pesos, cantidad que, de manera oficial, fue suficiente para considerar subsanadas las irregularidades detectadas.

Meses atrás, el semanario Ríodoce documentó un estilo de vida financiado con dinero público que contrastaba abiertamente con el discurso de austeridad que se pregona desde el gobierno: viajes frecuentes, estancias en hoteles de lujo y consumo de carnes finas. De acuerdo con la auditora superior, Emma Guadalupe Félix Rivera, dichos señalamientos fueron atendidos mediante un reintegro económico, lo que permitió cerrar el caso en el ámbito administrativo.