Este martes 7 de octubre que pasó, a 13 meses de iniciarse la guerra entre las facciones del crimen organizado en Sinaloa, fue asesinado un agente de la Policía Estatal Preventiva, y con él han sido 57 policías los victimados en la violencia que parece no tener fin.

Tras el asesinato de Fernando, que pertenecía al grupo motorizado de la Estatal, se desplegó un operativo con el que dieron con la guarida de los presuntos gatilleros responsables. La noche de ayer, en la colonia Urbi Villas del Cedro, dieron muerte a los cinco presuntos pistoleros que se escondían en un domicilio.

La sensación de naufragio en medio de la ciudad continúa, pues ante estos hechos de alto impacto se suma que la ciudadanía está en medio de la guerra, de despojos de vehículos sin fin. Si bien los gobiernos estatal y federal han metido a cientos de soldados, guardias nacionales y policías por todos lados, la capacidad de fuego del crimen organizado se mantiene, y también la capacidad de cometer delitos.

¿Pero qué puede hacer el ciudadano común si la misma policía se encuentra bajo fuego? Ya darán más patrullas y quizá les den más chalecos, pero esta guerra no se acaba mientras no vayan directo a la raíz del problema. ¿Qué venga Harfuch? ¿Para qué? Ya demostró que no puede, aunque él da su numeralia de que los homicidios van a la baja.

El grupo de Guerreros Azules, integrado por agentes en retiro y viudas, fueron ayer al Congreso para manifestarse en plena sesión ordinaria, por lo que los guardias del Legislativo intentaron contener la protesta bajo el argumento de que no pueden meter altavoces. El zafarrancho incluyó a un guardia golpeado y con sangre en la barbilla.

Aunque no fueron las formas, luego salió Tere Guerra a matizar y se logró una reunión de conciliación. Más allá de la anécdota, la exigencia de mejores pensiones empata con la violencia que viven actualmente los policías. ¿Se preguntarán aquellos que están a dos fuegos si vale la pena seguir en el trabajo?