La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa vuelve a colocarse en el centro del debate público, no por un avance institucional, sino por la necesidad de contener daños. La propuesta del gobernador Rubén Rocha Moya para nombrar a Sandra Guadalupe Angulo Cázares como nueva titular de la dependencia llega en un contexto marcado por el desgaste, la desconfianza y un escrutinio social que difícilmente disminuirá en el corto plazo.

La renuncia de María Guadalupe Ramírez Zepeda no fue un simple ajuste administrativo. Fue el desenlace de una gestión que terminó por exhibir una contradicción profunda: la funcionaria encargada de vigilar el uso correcto de los recursos públicos se vio obligada a reintegrar más de 150 mil pesos tras señalamientos por gastos irregulares en viáticos. Aunque el caso se cerró bajo el criterio de “daño resarcido” y sin sanciones formales, el impacto político fue inevitable. No se trataba de una funcionaria cualquiera, sino de la cabeza del órgano que debería ser ejemplo de pulcritud y control interno.

En ese escenario, el relevo no es menor. La Secretaría que fiscaliza, audita y promueve la rendición de cuentas quedó bajo sospecha, y con ello también la narrativa oficial que presume a Sinaloa entre los estados con mejores indicadores de transparencia. Porque más allá de rankings administrativos, la percepción pública se construye con hechos, y los hechos recientes golpearon directamente la credibilidad institucional.
Sandra Angulo Cázares llega con un perfil técnico, experiencia jurídica y conocimiento de procesos administrativos. No es un nombramiento improvisado ni carente de formación. Sin embargo, el problema que enfrenta no es de currículum, sino de contexto. Su designación ocurre en una dependencia observada con lupa por medios de comunicación, organizaciones civiles y una ciudadanía cada vez más crítica frente al discurso gubernamental.

Desde la sociedad civil, el mensaje ha sido claro: la llegada de una nueva titular no puede interpretarse como un “borrón y cuenta nueva”. Iniciativa Sinaloa lo advirtió con precisión: no hay cheques en blanco. La exigencia es que la Secretaría deje de ser un espacio reactivo y se convierta en un verdadero contrapeso interno, incluso cuando eso implique incomodar al propio gobierno.

El reto para Angulo Cázares será doble. Por un lado, demostrar que su gestión no será una simple operación de contención política para cerrar el capítulo incómodo de su antecesora. Por otro, probar que la transparencia en Sinaloa no es un discurso que se defiende en conferencias, sino una práctica que se ejerce incluso cuando los reflectores apuntan hacia adentro.