La continuidad operativa de los grupos delictivos indica que su capacidad de supervivencia no depende directamente de la presencia de un jefe específico.
Más tardó en filtrarse la noticia de la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que diversos medios en mencionar los nombres de quienes podrían ocupar su lugar al frente de la organización criminal. Este dato, por sencillo que parezca, es significativo. Más allá de cualquier exigencia del Estado de Derecho, la desaparición física de los cabecillas demuestra tener una importancia limitada para la dinámica interna de estas estructuras.
De este modo, el centro del problema trasciende la figura de un individuo para situarse en las redes y mecanismos políticos que sostienen estas organizaciones y que no desaparecen con la salida de un líder. Llámese descuido, o quizá simple consecuencia de la insana costumbre de normalizar la desaparición de capos del crimen organizado sin que, en el fondo, nada cambie en México.
Pero este reflejo casi automático de los medios de comunicación termina por dar en la diana de la retórica belicista del presidente Trump, particularmente de sus acusaciones reiteradas en el sentido de que el gobierno mexicano mantiene una relación inaceptable con las organizaciones criminales.
La rapidez con que se especula sobre posibles sucesores -como si se tratara de una transición administrativa de una empresa o de un partido político- refuerza la percepción de que las estructuras del narcotráfico tienen una continuidad que supera a la de sus propios líderes. Esa continuidad, más que la figura de cualquier capo, alimenta las narrativas que ponen en duda el compromiso del Estado mexicano para desarticular de fondo esas redes.
Pese a ello, una extraña autocomplacencia parece haberse instalado en el régimen, que -no sin oportunismo- pisa el acelerador legislativo para reforzar su control sobre el país, bajo el pretexto de eficientar el gasto público y los procesos electorales. Ese argumento, en otro contexto político, podría suscitar un debate legítimo.
Sin embargo, resulta difícil sostenerlo cuando emana de Morena, partido que ha aprovechado y abusado de los marcos legales y las mayorías, reales o artificiales, para consolidar su presencia en las instituciones y ha buscado resignificar el sistema electoral a su favor, incluso más allá de las reglas que originalmente lo sustentaban.
Frente al contexto actual del mundo y, en particular de nuestro país, lo que estamos viendo no es otra cosa que un fuego fatuo. La historia reciente de Venezuela lo ejemplifica con claridad. Tras la captura de Nicolás Maduro, décadas de ingeniería institucional y legislativa diseñadas para garantizar el control político sobre el Estado se desmoronaron en cuestión de semanas, junto con los mitos que acompañaron cada reforma mediante la cual ese país fue perdiendo pluralidad democrática.
La clase política mexicana, que de las muchas cosas que se puedan decir de ella, nunca sería la de poseer la cualidad de la previsibilidad, por más que crea poder sustraerse de la lógica injerencista de la administración de Donald Trump, podría estar incurriendo en un error de cálculo semejante al de Maduro. En los hechos, la estrategia del gobierno mexicano parece haber consistido solo en ganar tiempo.
Sin embargo, las demandas de fondo de Estados Unidos no se han modificado. De acuerdo con diversos medios internacionales y reportes periodísticos, una parte central de esas exigencias se relaciona con la eventual entrega de actores políticos señalados por su colusión con organizaciones del crimen organizado.
En ese contexto, las concesiones graduales realizadas por México no han resuelto el problema de fondo, sino que han pospuesto una discusión más profunda sobre la relación entre poder político, instituciones y criminalidad organizada. No obstante, diversas señales sugieren que ese tiempo de espera podría haber llegado a su fin.
En marzo de 2026, el presidente Trump reunió en Miami a representantes de una decena de países latinoamericanos para lanzar la iniciativa conocida como Escudo de las Américas, una coalición regional orientada a coordinar esfuerzos contra las organizaciones criminales transnacionales y el narcotráfico.
A ese encuentro no solo fue excluido nuestro país, sino que durante el mismo Trump señaló que México era “el epicentro de la violencia” de los cárteles y criticó explícitamente la actuación de la presidencia mexicana. Incluso imitó, para diversión de los asistentes, el tono con el que la presidenta Sheinbaum le respondió.
La forma y el tono de esa cumbre, así como la exclusión del principal socio regional de Estados Unidos en materia de seguridad, sugieren que la administración estadounidense ha optado por una estrategia distinta a la cooperación con México. En este marco, la percepción de que México puede ser prescindible para ciertos propósitos estratégicos adquiere sentido, no tanto como una afrenta personal, sino como señal de la reconfiguración de prioridades en la política de seguridad de Estados Unidos hacia América Latina.
Solo la distracción de Medio Oriente ha evitado que Washington vuelva a asestar otro golpe en nuestro país. Pero, a medida que las elecciones intermedias se acercan en Estados Unidos, el riesgo crece. Una acción contra México podría reposicionar las preferencias electorales del Partido Republicano y reforzar una base política construida en buena medida sobre una narrativa punitiva hacia nuestro país, al que ven principalmente como una fuente de problemas.
Las ventajas políticas para Trump de actuar contra México son múltiples, más allá incluso del beneficio electoral inmediato. Entre ellas se encuentra también el placer de castigar a una formación política que, aunque solo sea en el discurso, se presenta como contraria a la orientación ideológica dominante de la derecha norteamericana.
