Desde su primera postulación, el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia no concebía los programas sociales como un fin en sí mismo, sino como una medida provisional. La idea era otra -o al menos eso se dijo-: amortiguar las carencias mientras el crecimiento económico corregía, de manera orgánica y no artificial, las desigualdades estructurales del país.

Esto no implica que los programas de asistencia social sean, por sí mismos, perjudiciales; son necesarios para sectores que el mercado deja al margen. El problema aparece cuando dejan de ser un instrumento y se convierten en el eje de toda la política pública.

Pese a que este año el gobierno federal destinará cerca de un billón de pesos a programas sociales, la cifra solo parece enorme si no se pone en contexto. Al gobierno le resulta más barato transferir dinero en efectivo porque termina entregando menos de lo que implicaría cumplir con las obligaciones básicas en salud y educación.

Un adulto mayor recibe hoy alrededor de 38 mil pesos al año. Es dinero que incide en el ánimo y en el consumo inmediato, pero no equivale a la garantía efectiva de derechos. En México, cerca del 40% del gasto total en salud se cubre directamente con recursos de los hogares. El apoyo, en ese contexto, no sustituye al sistema, sino que regresa a cubrir lo que este no provee. Ahí donde deberían existir servicios, aparece dinero, y aun así resulta insuficiente.

En México, el Estado invierte por persona poco más de 370 dólares al año en salud pública; países como Chile duplican esa cifra. El punto no es que el Estado gaste demasiado; por el contrario, gasta con lógica de corto plazo, privilegiando el ahorro inmediato a costa del desarrollo humano a largo plazo. Transferir dinero es más barato que construir sistemas que funcionen; no exige continuidad ni resultados medibles.

Ese margen de maniobra le abrió al expresidente la posibilidad de desmontar el entramado institucional bajo una consigna tan mendaz como eficaz: “Ya nadie se roba el dinero porque lo recibe la gente”. Lo que parecía austeridad terminó en la eliminación de contrapesos incómodos. El problema no fue solo lo que se quitó, sino lo que no se puso en su lugar.

A largo plazo, la anuencia generada por las transferencias se tradujo en un respaldo electoral poco exigente y en una notable relajación de la crítica pública. Temas sustantivos -combate al crimen, impunidad o nepotismo- dejaron de ocupar el lugar central.

Lo que se ha perdido no es menor. Ninguna transferencia compensará el deterioro institucional ni la erosión de las reglas que sostienen a una sociedad civilizada. Ese costo no se mide en dinero; se mide en la calidad del orden público, en la fragilidad de los derechos y en la viabilidad de la sociedad misma.