*Iván Arrazola
*Analista político y colaborador de Seguridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC
La reforma electoral impulsada por el actual gobierno federal deja ver, desde su gestación, los dilemas que atraviesan las democracias contemporáneas cuando se intenta modificar las reglas del juego político desde una posición de poder mayoritario. Tras varios meses de espera y negociaciones internas dentro de la propia coalición gobernante, la iniciativa finalmente presentada resultó más limitada de lo que inicialmente se había anticipado.
En primer lugar, uno de los problemas centrales del proceso fue la escasa socialización de la propuesta. Aunque la presidenta había adelantado algunos elementos generales de la reforma semanas antes de su presentación formal, durante gran parte del proceso prevaleció la incertidumbre sobre su contenido real. La información disponible fue fragmentaria y, en muchos momentos, dependió más de declaraciones políticas que de documentos oficiales.
En la exposición de motivos de la iniciativa se sostiene que la actualización del marco constitucional en materia electoral busca fortalecer la confianza ciudadana, perfeccionar las instituciones democráticas y vincular el ejercicio del poder público con el bienestar colectivo y la soberanía popular. No obstante, la iniciativa no ofrece evidencia empírica suficiente que demuestre que la confianza en las instituciones electorales haya sufrido un deterioro estructural que justifique cambios de esta naturaleza.
En este contexto, resulta pertinente cuestionar uno de los argumentos centrales de la iniciativa, según el cual el periodo previo a 2018 estuvo marcado por una “simulación democrática” que generó un distanciamiento entre las instituciones y la ciudadanía. Si bien es cierto que durante ese periodo existieron problemas asociados al clientelismo, la corrupción o el uso indebido de recursos públicos, también es cierto que fueron precisamente las instituciones electorales las que permitieron condiciones de competencia suficientemente equitativas para que se produjera la alternancia en el poder y el triunfo de nuevas fuerzas políticas, incluido el propio movimiento que hoy gobierna.
Otro de los ejes argumentativos de la reforma es el principio de austeridad republicana, entendido como una directriz orientada a reducir los costos del sistema político y del aparato electoral. En la exposición de motivos se sostiene que la revisión de los esquemas de financiamiento político y de las estructuras institucionales debe entenderse como un proceso de fortalecimiento democrático. Sin embargo, esta afirmación también merece un análisis más cuidadoso.
La literatura comparada sobre administración electoral sugiere que los costos de las elecciones no deben evaluarse únicamente desde una perspectiva contable, sino también en términos de garantías institucionales y confianza pública. La calidad de las elecciones depende en gran medida de la fortaleza de las autoridades electorales, de su capacidad técnica y de los recursos disponibles para organizar procesos complejos.
Por ello, el fortalecimiento democrático no debería centrarse exclusivamente en la reducción del gasto, sino en el perfeccionamiento de los mecanismos que garantizan la equidad de la competencia y de manera particular que las instituciones electorales cuenten con los recursos necesarios para cumplir con su trabajo.
Más allá de los resultados inmediatos que deje la discusión, lo cierto es que el proceso deja varias interrogantes abiertas. La exposición de motivos de la reforma presenta una narrativa histórica en la que la democracia mexicana parece comenzar en 2018, minimizando los avances institucionales que se construyeron a lo largo de varias décadas de reformas electorales. Esta interpretación resulta problemática, ya que ignora el carácter gradual y acumulativo de los procesos de democratización.
El saldo general del proceso parece apuntar hacia una oportunidad parcialmente desaprovechada. En lugar de abrir una discusión amplia sobre el futuro del sistema electoral mexicano —que incluyera a especialistas, partidos políticos, organizaciones civiles y autoridades electorales— el debate se redujo a una confrontación política en la que predominó la lógica de la polarización.
Pensar que modificar algunos mecanismos electorales generará automáticamente una relación más directa entre representantes y ciudadanía resulta, cuando menos, cuestionable. La experiencia comparada muestra que la calidad de la representación política depende de múltiples factores, entre ellos la organización de los partidos, la rendición de cuentas, la competencia interna y la participación ciudadana. Por ejemplo, mecanismos como elecciones primarias abiertas, que permitirían ampliar la participación en la selección de candidaturas.
Los saldos de la reforma electoral aún están por definirse plenamente. No obstante, el proceso deja una lección importante para el futuro del sistema democrático: cuando una fuerza política asume que posee la razón absoluta en la discusión institucional, el riesgo es que las reformas terminen respondiendo más a la lógica del poder que a la construcción de acuerdos duraderos. Y en materia electoral, donde lo que está en juego son precisamente las reglas que organizan la competencia política, la legitimidad de las reformas depende tanto de su contenido como del proceso mediante el cual se construyen.
