En la historia reciente de la República pocas veces se había observado con tanta nitidez un proceso de centralización del poder como el que hoy se despliega en el país. Se trata de una concentración que los gobiernos del periodo de la alternancia —la llamada transición democrática— habrían deseado, pero que el electorado les negó en las urnas. Ahora, en contraste, México presencia el surgimiento de una nueva hegemonía política.

Los recientes cambios en el Poder Judicial son una muestra de este proceso: no se limitan a un simple relevo institucional, sino que envían un mensaje político inequívoco. El partido en el poder ha logrado un predominio sobre los tres poderes de la Unión y, en consecuencia, sobre las principales decisiones nacionales.

En este nuevo escenario, el consenso deja de ser una condición necesaria, pues es el gobierno federal quien fija las reglas y define la ruta. Esta visión centralista quedó de manifiesto en la más reciente sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde la conducción del Ejecutivo mostró con claridad que la seguridad se concibe cada vez más como un asunto bajo control directo del centro político.

El federalismo mexicano, así como los mecanismos de coordinación entre instancias, parecen haber quedado rebasados ante esta nueva realidad política. Durante la 51ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional, se votó por unanimidad un acuerdo nacional con tres ejes y dieciséis acciones para fortalecer a las instituciones de seguridad pública.

En su mensaje, el secretario de Seguridad subrayó la relevancia de las policías estatales y municipales como primera línea de contacto con la ciudadanía, responsables de atender emergencias y delitos cotidianos como el robo. En consecuencia, se llamó a los gobernadores a presentar iniciativas de reforma para armonizar leyes locales en materia de seguridad, formalizar mesas de paz y alinear estándares de desarrollo policial, penitenciario y ministerial.

A primera vista, estas medidas pueden interpretarse como un esfuerzo de homologación normativa y de trabajo conjunto. No obstante, también evidencian una tendencia centralista que busca alinear a los estados bajo un mismo esquema impulsado desde el Ejecutivo federal.

El antecedente más claro es la creación de la Guardia Nacional, cuyo despliegue, aunque significativo, ha demostrado ser insuficiente en entidades como Jalisco, donde la violencia vinculada a desapariciones y fosas clandestinas sigue en aumento, y donde los grupos delictivos han diversificado sus actividades hacia fraudes y delitos económicos, muestra el poder que han acumulado los carteles y la manera en que las fuerzas de seguridad estatales se ven rebasadas.

Frente a este panorama, surgen dudas legítimas: ¿cuentan los estados con los recursos suficientes para implementar las reformas y sostener academias de formación policial? ¿Existe un proceso real de uniformidad que garantice que todas las entidades transiten en la misma dirección? La precariedad en infraestructura, condiciones laborales y profesionalización de los cuerpos policiales cuestiona la viabilidad de la estrategia.

La apuesta federal por una visión centralista de la seguridad revela tanto fortalezas como riesgos. Por un lado, la coordinación y la homologación de normas podrían mejorar la eficacia del sistema; por otro, la falta de recursos, capacidades locales y autonomía estatal pueden hacer que la estrategia se quede corta. Quizás haya llegado el momento de reconocer que no basta con la voluntad política ni con un discurso de éxito sustentado en la disminución parcial de homicidios dolosos. Se requiere una reforma profunda que asegure, más allá de la narrativa, que la centralización de la seguridad contribuya efectivamente a pacificar al país.