El Poder Judicial ya no estará en desventaja para la toma de decisiones, gracias al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó parte de la reforma judicial local, que reconoce el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En otras palabras, de los justiciables, la sociedad y los ciudadanos recuperan a plenitud la autonomía e independencia que habían transitado por una etapa cínica, para ahora resaltar el aforismo de la separación y respeto entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin las perniciosas injerencias mutuas o de sujetos y fuerzas extrañas o poderes de facto que solo protegen intereses personales o de grupo.

El resolutivo de la Suprema Corte “va a permitir que más personas con conocimiento decidan cómo administrar el Poder Judicial”, recalcó el Magistrado Presidente Carlos Villegas Márquez, expresión que entre abogados y jueces se interpreta como un deslinde o alejamiento de la mediocridad que, a partir de esa invasiva reforma, actuaba con insano deterioro de la institución judicial, porque la presencia en el órgano de Administración Judicial de personajes como “la magistrada” Norma Esparza, con sus limitaciones jurídicas, solo significaba un negativo enlace o tentáculo desde el Ejecutivo, ya que hacía ostentación de grosera e irrespetuosa competencia interna al liderazgo institucional.

Efectivamente, como lo afirma Pablo Mercado Solís, presidente del Colegio de Abogados Postulantes, se debe garantizar el equilibrio de poderes y los dos consejeros que se deben nombrar para el órgano de Administración Judicial, deben ser de carrera judicial, o sea, profesionales de reconocida capacidad, experiencia y trayectoria, con calidad moral para ejercer tan elevada responsabilidad al seno del siempre respetado Poder Judicial del Estado; ya no se debe repetir la designación de gente que asuma la protección de privilegios y que defienda intereses políticos banales y complicidades que vuelvan a insistir en la indigna sumisión.

Más todavía, al comentar críticamente el nuevo revés de la Suprema Corte al gobierno estatal y a la Legislatura, el analista político y exmagistrado Arturo Nahle García apunta directo al meollo del asunto y señala que la resolución “permitirá recuperar la dignidad de la judicatura zacatecana, porque resulta increíble que quien actualmente preside el órgano de Administración Judicial sea la consejera designada por el Ejecutivo, pero quien verdaderamente decide todo es una persona totalmente ajena al Poder Judicial, y se llama Eulogio Monreal Ávila”, un valiente y responsable enfoque crítico que el polémico político ha de sustentar con pruebas y fehacientes testimonios.

Hay que decirlo y reconocer que este desenlace, que genera normalidad institucional, es resultado de la impugnación interpuesta por los diputados locales Karla Estrada, Teresa López, Roberto Lamas, Isadora Santivañez, Pedro Martínez, Carlos Peña, José María González, Dayana Cruz, Eleuterio Ramos, Jesús Badillo, acompañados por el abogado Jorge Rada, un episodio legal que contribuye a allanar el camino al Poder Judicial hacia un auténtico y real respeto entre poderes y el fortalecimiento de la autonomía e independencia como ejercicio equilibrado entre los poderes del Estado.