Con Enrique Peña Nieto, la historia se repitió. Auditorías oficiales revelaron un boquete de miles de millones de pesos en la Sagarpa, confirmando que la corrupción y el desorden siguieron marcando la política agrícola.
A lo largo de las últimas semanas, las y los productores de frijol de Zacatecas han expresado, con razón, su preocupación por la falta de apertura de los centros de acopio de Frijol, no es un reclamo menor ni aislado, es la expresión viva de una historia larga de abandono, abuso y saqueo que sufrió el campo mexicano durante décadas, particularmente en la etapa neoliberal. Para entender el malestar actual, es indispensable mirar hacia atrás y no repetir los errores del pasado.
Durante los gobiernos neoliberales, el campo fue visto no como un pilar del desarrollo nacional, sino como una carga presupuestal o, peor aún, como un botín. Vicente Fox prometió en su Plan Nacional de Desarrollo la creación de instituciones financieras no bancarias para impulsar el crédito agropecuario e integrar al campo al crecimiento del país, fue una mentira. No solo no creó una sola institución de este tipo, sino que además desapareció Banrural, el principal instrumento de crédito para los pequeños productores. La corrupción interna fue el pretexto; la verdadera consecuencia fue dejar al campesinado sin financiamiento, sin respaldo y a merced de intermediarios y usureros.
Con Felipe Calderón la situación no mejoró. Anunció créditos con tasas preferenciales y mecanismos de garantía que nunca llegaron a manos de los productores. En la llamada “crisis de la tortilla”, el gobierno fue incapaz de proteger al consumidor y al productor nacional. Peor aún, recursos presupuestados para el campo fueron desviados para financiar su fallida guerra contra el narcotráfico. El resultado fue devastador: el campo perdió una tercera parte de su participación en el presupuesto federal y se dejó una deuda superior a los 11 mil millones de pesos con organizaciones campesinas.
La política agropecuaria de ese sexenio fue clara y excluyente. La propia Sagarpa reconoció que los apoyos se concentraron en “los más productivos”, es decir, en los grandes consorcios agroindustriales. Empresas como Bachoco, Cargill, Maseca o Gamesa recibieron en un solo año más de mil millones de pesos, mientras que el 80 por ciento de los pequeños productores quedó fuera. El Banco Mundial documentó que entre 1990 y 2014, el 10 por ciento de los grandes productores se quedó con hasta el 75 por ciento de los subsidios al campo.
Las consecuencias sociales fueron dramáticas: de 30 millones de mexicanos que vivían en el medio rural, hoy solo 8.5 millones trabajan en actividades agrícolas y ganaderas. El neoliberalismo, impulsado por los gobiernos del PRI y del PAN, estuvo a punto de acabar con el campo mexicano. Las crisis actuales no nacieron ayer; son herencia directa de ese modelo injusto.
Por eso hoy, cuando los productores de frijol levantan la voz, debemos escucharlos con respeto y responsabilidad. Como senador de la República por Zacatecas, quiero decirlo con toda claridad: siempre he acompañado la lucha del campo, he caminado junto a las y los productores y lo seguiré haciendo. Defender al campo no es un discurso, es una convicción. El campo merece justicia, dignidad y un futuro distinto, y en esa causa siempre tendrán mi respaldo.
