La justicia y la memoria deben guiar el actuar de todos, con la convicción de que cada persona desaparecida importa y que cada familia merece respuestas.
Un tema de los más dolorosos en el contexto social actual es, sin duda, la desaparición de personas, y es que no hay discurso capaz de suavizar la ausencia de un hijo, de una madre o de un hermano. Quienes hemos vivido de cerca el secuestro o la desaparición de un familiar sabemos que el tiempo se detiene y que la incertidumbre se convierte en una forma cotidiana de sufrimiento, por eso, cada esfuerzo institucional en esta materia debe asumirse con seriedad, humildad, pero sobre todo con profundo respeto por las víctimas.
La reciente presentación del Programa Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PEBPZ) marca un paso relevante en esa dirección, este acto reunió a colectivos de familias, autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La presencia de estos actores no es simple protocolo, es un recordatorio de que la búsqueda exige estándares técnicos, coordinación y vigilancia permanente en materia de derechos humanos.
El programa, diseñado de la mano de familias y colectivos, incorpora mecanismos de búsqueda inmediata, individualizada y estratégica; fortalece los procesos de identificación humana; establece esquemas de capacitación especializada y crea instrumentos de seguimiento y evaluación. No se trata solo de una declaratoria de buenas intenciones, sino de un plan con marco normativo, análisis situacional y objetivos claros, que las propias familias hayan participado en su construcción es, quizás, el elemento más valioso, pues nadie conoce mejor las omisiones y urgencias que quienes buscan a su desaparecido.
Desde el ámbito federal, el Senado de la República ha acompañado reformas para robustecer la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, entre los ajustes impulsados se encuentra la creación y fortalecimiento de fiscalías especializadas en desaparición donde aún no existen, la incorporación obligatoria de áreas de análisis de contexto, el establecimiento de unidades para casos de larga data y el fortalecimiento de registros y bancos de datos forenses, estas reformas buscan cerrar vacíos estructurales y garantizar que la búsqueda no dependa de la voluntad de nadie, sino de obligaciones legales claras.
Sin embargo, ninguna ley es suficiente si no se traduce en coordinación efectiva, las cifras presentadas como el incremento de acciones de búsqueda y reducción de desapariciones en el último periodo, deben leerse con responsabilidad y someterse a evaluación constante. La confianza de las familias no se gana con estadísticas, sino con resultados verificables y con un trato digno.
En este contexto, nosotros siempre tendremos la disposición para colaborar, sin protagonismos ni cálculos políticos, es coherente con la dimensión humana del problema, la desaparición forzada no admite mezquindades políticas, exige diálogo entre poderes, cooperación con el Ejecutivo estatal, respaldo a fiscalías y, sobre todo, acompañamiento permanente a colectivos y víctimas.
Las autoridades, las corporaciones, las instituciones deben actuar con la máxima sensibilidad, para convertirse en un puente y no en una barrera. La solidaridad debe expresarse en presencia constante, en escucha activa y en impulso legislativo responsable. En un tema tan delicado, el único capital legítimo es la confianza de las familias.
